la esquina

José Aguilar

Rescatar las instituciones

LA crisis económica en la que estamos sumergidos ha sacado a la luz y agudizado un problema grave que arrastra la democracia española desde que la Constitución consagró el papel fundamental de los partidos políticos como elementos de vertebración y cauces de participación de los ciudadanos en la cosa pública.

Tenía que ser así sin remedio. Fortalecer a los débiles partidos era tanto como asegurar el pluralismo y la libertad misma después de cuarenta años de dictadura de partido único. ¿Qué ha pasado luego? Que los partidos se han apropiado de las instituciones, las han invadido y puesto a su servicio y las han organizado y regulado en función de sus propios intereses. Una vez que ha llegado la crisis las instituciones se están demostrando ineptas para darle respuesta y objetivamente insolidarias con las demandas ciudadanas.

En los últimos años, y más en los últimos meses, no hay institución ni colectivo organizado que haya salido indemne del escrutinio de la opinión pública. El desprestigio institucional afecta a bancos y cajas de ahorros, al Banco de España y a los jueces, al Tribunal Constitucional, a la Iglesia católica y los sindicatos, a la patronal y los medios de comunicación, a las autonomías y los ayuntamientos... Ni la Monarquía ha quedado a salvo (curiosamente, las Fuerzas Armadas, la bestia negra de la transición, están ahora bien valoradas). El más relevante entramado institucional del país es cuestionado a causa de la corrupción, las irregularidades y la ineficacia de los líderes que temporalmente lo encarnan. Mucha gente tiene la impresión de que más que entramado de órganos que velan por el interés público es una trama de intereses particulares.

El sectarismo lo inunda todo. Los nombramientos de cargos públicos a los que la ley exige independencia, prestigio profesional y capacidad de gestión (Poder Judicial, Constitucional, RVTE, por ejemplo) responden con frecuencia casi sin excepciones a criterios de partido. Se trata de acumular poder y restarlo al adversario, no de garantizar el funcionamiento eficiente, neutral y honrado de ninguna institución. La complejidad del sistema de representación y la inhibición de los ciudadanos, cabreados pero resignados, han acabado reservando a los partidos -mejor dicho, a sus cúpulas, porque democracia interna real no hay- la facultad de autodepurarse y gestionar las reformas de lo que va mal, que se hacen así imposibles. Según ha escrito Torreblanca, "como los que deberían emprender esa reforma serían sus principales víctimas, los incentivos para llevarla a cabo son inexistentes".

Probablemente saldremos de la crisis, pero este daño a la convivencia es más grave a largo plazo. Hay que rescatar las instituciones. Expropiárselas a los políticos que se han apropiado de ellas.

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