LA reunión urgente celebrada en la tarde noche de ayer por los presidentes de los gobiernos español y andaluz, junto con la vicepresidenta primera del Ejecutivo y varios ministros y consejeros, se cerró con un importante número de acuerdos con los que hacer frente a la situación de auténtica emergencia generada en muchos puntos de la comunidad autónoma como consecuencia del incesante temporal que empezó en Jerez y que azota la comunidad desde hace casi tres meses. Los severos daños sufridos en las explotaciones agrícolas -las organizaciones del sector los cifran entre 50 y 90 millones de euros sólo en esta provincia- y a lo largo de muchísimos kilómetros de playa, con pérdida de arena y de infraestructuras turísticas, exigían una respuesta rápida y eficaz por parte de las administraciones. Así parece que ha sido, a la espera de ver los resultados finales. El paquete de medidas aprobado incluye una reducción, aún por concretar, en las peonadas necesarias para el cobro del subsidio agrario y el aplazamiento de las cuotas de la Seguridad Social para los jornaleros, además de la reparación urgente de los desperfectos a fin de posibilitar, en primer lugar, que el inicio de la temporada turística se atrase lo menos posible. Aunque desde Costas se había hablado de actuar en las playas a finales del mes de abril, el presidente Griñán dijo ayer que será "ya mismo" para tenerlas listas en Semana Santa. Pero, junto a todo ello, hay que insistir en que no se puede volver a caer en los mismos errores del pasado, cuando no se actuó debidamente ante los temporales, como el que vivió la provincia el invierno del año 1996. Las nuevas infraestructuras que se acometan ahora han de prever -en la medida de lo posible- desastres como los vividos estas semanas. Y desde las administraciones competentes se ha de impedir que se sigan construyendo diques donde no se debe y sembrando o levantando edificaciones en zonas inundables o arrebatadas a los cauces de arroyos y ríos. Aprendamos ya de una vez de la experiencia. Además, los gobiernos han de dejar muy claro que las inversiones a ejecutar no pueden hacerse en detrimento de proyectos ya previstos y también muy necesarios.