Aunque en la calle se perciba mayor hartazgo, en el fondo en estos días se asiste al mismo eterno retorno del espectáculo en que ha caído la vida política española de las últimas décadas. El separatismo ha aprendido bien los beneficios tácticos del chantaje: "Si estás dispuesto a ceder cuanto yo te pida, te daré mis votos". Y el apetito de gobernar en La Moncloa siempre ha cedido (incluso en lo inconfesable). Aquellos lodos han traído este barrizal. Sin que ninguno de los políticos que aceptaron las coacciones haya hecho autocritica.

Sin embargo, aunque nos encontremos con la repetición del mismo mecanismo, hay matices diferentes. Cada vez son menos las convicciones de los políticos constitucionalistas dispuestos a negociar y, por tanto, menor su responsabilidad al poner un límite (si es que lo tienen). Por otra parte, el bando independentista capta cada vez mejor la debilidad del contrincante y reconoce que ésta es su mejor arma. Pero hay más cambios. Ahora, las conversaciones llegan más a la calle -no sólo se fraguan, como antaño, en los despachos- y la gente, aunque cansada y distante, asiste a un triste espectáculo de simulacros, amagos y trueques. Y, sobre todo, ha surgido una variación significativa: el separatismo se ha transformado en movimiento, tras el que se disfrazan viejos y nuevos componentes y luce otra agresividad. La secta nacionalista, agotadas ya ciertas consignas y vítores sentimentales, se encontraba falta de fuelle y de ideas y ha aglutinado bajo su paraguas -de odio a España- a todo el que dispusiera de algún bagaje para mostrar su descontento frente al mundo. España y su opresión se ha convertido en buen pretexto para atraer cualquier despropósito rupturista. El independentismo se aleja así de sus anacrónicos orígenes decimonónicos para fundirse, sin pudor, con la amplia gama populista que busca transformar Europa en un aglomerado de etnias y tribus. Esta nueva ayuda supletoria que ha cosechado el separatismo debería despertar serias alarmas en los partidos constitucionalistas.

De momento poco se puede hacer desde la calle. Pero la sociedad civil debería establecer unos claros límites, infranqueables, a las propuestas de los que quieren gobernar al precio de ceder una vez más. Ningún territorio de España puede beneficiarse de nuevos privilegios económicos y fiscales frente a otros territorios, los ampare el pasado o cualquier nuevo trato oportunista. Y los que existen deben ser restringidos. Para eso se impuso en un lejano 1784 un lema que no ha perdido fuerza: libertad, igualdad y fraternidad para todos los ciudadanos.