EL cerebro de la presunta trama de corrupción política en Marbella, Juan Antonio Roca, ha terminado confesando de plano en el juicio que se le sigue en la Audiencia de Málaga: recibió dinero de empresarios con negocios en la zona y sobornó a la alcaldesa y los concejales de su equipo de gobierno.

Roca cantó la Traviata ante el tribunal. Con todo lujo de detalles explicó que sus pagos a los ediles variaban en función del estatus de cada cual -siempre ha habido clases- y que la periodicidad dependía de su propia liquidez. Identificó las iniciales y las cantidades que figuraban en los archivos que hasta ahora había negado que fueran suyos: M. Y. era la alcaldesa, Marisol Yagüe, I. G. M., Isabel García Marcos, y C. F., Carlos Fernández, portavoces del PSOE y del PA, respectivamente. Todos ellos se confabularon para derribar, mediante una moción de censura, al pintoresco alcalde Julián Muñoz, que se había olvidado de que le debía el cargo a Jesús Gil y promovía un chiringuito particular, independiente del gran patrón. El dinero se les entregaba en sobres.

¿A qué viene esta conversión que ha transformado al ex asesor de Urbanismo hasta el punto de admitir lo que ha venido negando sistemáticamente durante años? A una táctica. Ocurre que la Fiscalía Anticorrupción ha llegado a pactos con cuatro de los acusados de untar a la trama a cambio de favores urbanísticos: ellos admiten que pagaron y sufrirán condenas más reducidas. Roca se ha visto forzado a rectificar sus constantes protestas de inocencia, aceptando ahora que el cohecho a los munícipes existió, pero no para obtener un fin ilícito, que llevaría aparejada la cárcel, sino en virtud de los cargos que ostentaban y sin contraprestación alguna. Un delito de cohecho impropio, que se salda con multa.

Todo lo cual implica un auténtico relato alternativo de los hechos. Roca dice que, efectivamente, cobró de algunos empresarios, pero no por lograr que el Ayuntamiento les concediera licencias, sino por sus labores de asesoramiento en unos casos, y por negocios particulares que tenía con ellos en otros; y que, también efectivamente, abonaba cantidades periódicas a la alcaldesa y los concejales de la mayoría, pero no para que aprobaran nada ilegal ni al servicio de sus intereses, sino para que, por orden de Gil, se dejaran de trabajar por sus ambiciones personales y mantuvieran la estabilidad municipal sin más transfuguismos.

La pregunta es doble: ¿puede un asesor urbanístico del Ayuntamiento ser a la vez asesor urbanístico de empresarios que negocian con el Ayuntamiento? ¿entra en las funciones de un asesor gestionar la unidad política de los cargos públicos que le contratan? Se mire como se mire, aquí hay una corrupción como una casa.