LLAMÓ mucho la atención que cuando Susana Díaz -fue ella, no lo duden- tuvo que designar a los tres miembros que correspondían al PSOE en la Mesa del Parlamento andaluz los buscó en el aparato del partido. Estrictamente: los secretarios generales socialistas de Córdoba, Sevilla y Granada. El primero, como presidente de la Cámara. La segunda autoridad de Andalucía es el líder orgánico de un partido en una provincia.

Esto no es malo. Es pésimo. Para dirigir el Parlamento que representa a todos los ciudadanos se necesita un político que, sin necesidad de abdicar de sus ideas ni renunciar a su militancia, proteja los derechos de todos los diputados, garantice el ejercicio libre de sus funciones de control del gobierno, sea flexible en la interpretación del reglamento y administre las reglas del juego sin sectarismo.

Así lo han hecho, salvo episodios puntuales, todos los presidentes socialistas que se han sucedido al frente del Parlamento desde que existe la autonomía (a saber, Antonio Ojeda, Ángel López, José A. Marín Rite, Javier Torres Vela, Mar Moreno, Fuensanta Coves y Manuel Gracia), y también el de Izquierda Unida, Diego Valderas, en los dos años de su mandato. Ninguno renunció a su ideología, pero todos se esforzaron por asumir su papel institucional, arbitral y moderador. Todo lo contrario que el actual, Juan Pablo Durán.

Durán no se ha quitado ni un momento la camiseta del puño y la rosa. Lo acaba de evidenciar al impedir durante tres semanas que el Parlamento pueda debatir sendas proposiciones de PP y Podemos. Fíjense bien: no es que Durán y su grupo voten en contra de estas propuestas, es que vetan incluso su discusión. Su argumento de que conllevarían modificaciones en los presupuestos de la Comunidad Autónoma no se sostiene, porque en ambos casos los cambios afectarían a los presupuestos del año que viene, todavía no aprobados. Si la oposición no puede proponer reformas en las previsiones presupuestarias futuras de la Junta, ¿para qué está? El letrado mayor del Parlamento ha dictaminado que las proposiciones deben ser tramitadas y debatidas y que el presidente podría incurrir en responsabilidades jurídicas por vetarlas.

A Juan Pablo Durán parece darle igual lo que diga el letrado mayor. Él actúa como secretario provincial del PSOE de Córdoba desde un sitio en el que no puede actuar así. Sumiso al interés de Susana Díaz. Lo suyo es un sectarismo sin mácula.