EL pasado mes de mayo se celebró, auspiciado por ASAJA- Sevilla, la V edición del Foro Internacional del Observatorio de Legislación Agraria, bajo el ilustrativo título Qué agricultura para qué Mundo Rural 2013-2020, con objeto de abordar desde una perspectiva fundamentalmente jurídica, diversas cuestiones referidas al presente y futuro inmediato del mundo agrario. Uno de los ejes principales de este Foro lo constituyó el, por entonces, Proyecto de Ley de Medidas para Mejorar el Funcionamiento de la Cadena Alimentaria, convertido finalmente en Ley 12/2013 de 2 de agosto, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo día 3 de enero de 2014.

No pretende esta norma, a pesar de su título, incidir sobre cuestiones relativas a las condiciones de calidad y consumo de los productos alimentarios, sino instrumentalizar la búsqueda de un más justo equilibrio y una mayor transparencia en las relaciones comerciales y económicas, base de la industria agroalimentaria.

La eficacia de esta norma, cuyo contenido trataremos de desgranar de manera progresiva en las próximas semanas, vendrá marcada por las posibilidades de su implementación frente a formas muy arraigadas de comportamiento y, sobre todo, por su ulterior desarrollo reglamentario.

Ahora bien, es destacable como principio inspirador, la voluntad del legislador de desarrollar instrumentos normativos que garanticen la necesaria protección al productor agropecuario, eslabón más débil del complejo entramado de intereses económicos y comerciales de la cadena alimentaria.

La industria agroalimentaria representa el segundo sector industrial de la Unión Europea. En los cimientos de esta gigantesca industria, encontramos un gran número de pequeñas y medianas explotaciones, muchas veces de carácter familiar, pieza esencial en la vertebración económica, social y demográfica de Andalucía.

Los retos impuestos por la internacionalización, la competitividad, las crecientes exigencias de calidad y sostenibilidad ambiental en la producción y la implantación de más eficientes sistemas de gestión empresarial en la organización del sector agrario, hacen necesario el desarrollo de un marco normativo orientado a corregir, con pleno respeto a la iniciativa individual, su atomización origen de un buen número de sus problemas.

En definitiva un sector agrario fuerte, estructurado, profesionalizado y respetuoso con el medio ambiente, respaldado por un marco normativo articulado en torno a la protección de sus actores principales es garantía de futuro para el medio rural, en un mundo cada vez más alejado de las labores vinculadas a la tierra, pero en el que con una demanda de alimentos pareja al incremento de la población, cobra cada vez más sentido el lema de los Ingenieros Agrónomos, "sine agricultura nihil".