LA Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la pena de cuatro años y seis meses de prisión a la ex alcaldesa de Rota (Cádiz) Eva Corrales por un delito de falsedad en documento oficial en el marco del conocido como caso horas extra. La condena incluye además ocho años y seis meses de inhabilitación especial para cargo público y multa de 2.700 euros por un supuesto delito continuado de prevaricación.

La sentencia castiga el encargo irregular a un funcionario del Ayuntamiento de Rota y a su esposa entre 2004 y 2010 de la elaboración de trabajos de bordados para las bandas de sirenas, ninfas de carnaval y damas de las fiestas patronales y otros elementos ornamentales como los trajes de los maceros. Se trataba de una situación, o si se quiere corruptela, preexistente con la que la Sra. Corrales transigió cuando accedió al cargo de concejal de Cultura y Fiestas y, posteriormente, de alcaldesa.

Estoy seguro que tanto la Audiencia Provincial de Cádiz como el Tribunal Supremo han actuado correctamente en la aplicación de la ley; pero pienso igualmente que nos encontramos ante la punta del iceberg de una situación que resulta a todas luces escandalosa.

En efecto, el péndulo de la justicia, anclado tanto tiempo en el polo de la inacción sobre la base argumental de "tratarse de cosas de (y entre) políticos", se ha desplazado hacia el extremo opuesto y, tal vez como contrapeso al anterior estado de cosas, está produciendo una cascada de resoluciones que, irreprochables en su técnica jurídica, resultan, en cuanto a su resultado, justicieras pero no justas. Una especia de aséptica aplicación del aforismo "dura lex, sed lex". La ley es dura, pero es la ley…

Ocurre, sin embargo, que vivimos en un país en el que el derecho sancionador se ha ido configurando con una arquitectura falsamente progresista consistente en tipificar un inabarcable cúmulo de conductas sancionables que, por si fuera poco, se enmienda e incrementa constantemente como consecuencia de los lamentables casos de corrupción que han ido aflorando. Pero con ello, la frontera entre el ilícito administrativo y el ilícito penal se ha ido difuminando y la panoplia represora se ha hecho tan ominosa que no hay español medio que no pueda, en algún momento, ser objeto de la misma… salvo que no ejerza actividad alguna. El repaso a nuestras normas penales es ciertamente desasosegante pues no hay conducta que no pueda ser en algún momento sancionable.

Como en algún país de muy progresista legislación, -estoy pensando en México, por ejemplo- un gigantesco tortazo represivo se encuentra siempre en el aire en espera de caer sobre el desventurado al que le toque, lo que sirve de ejemplo y excusa del sistema. Esto se acrecienta con la desproporción de algunas penas, singularmente en el terreno de lo público.

Con todo respeto, la justicia no es esto. El sentido de la misma -muy en paralelo con el sentido común- nos lleva a concluir que determinadas sentencias, por muy ajustadas que sean al derecho positivo, producen un resultado injusto. La confección de las bandas de las damas de unas fiestas patronales, ordenadas y/o consentidas de forma irregular, puede ser sancionable pero es una monstruosidad que la sanción consista en cuatro años y medio de prisión. Algo falla en el sistema, se me explique como se me explique, cuando el encargo de bordados para unas bandas de tela y unos trajes de maceros conlleva mil seiscientos cuarenta y dos días de cárcel.

Aforismo por aforismo hace ya dos mil años que Cicerón nos aportó su celebérrimo summun ius, suma injuria. Según la enciclopedia jurídica, llevado a su máxima expresión el derecho puede provocar la más grave injusticia. Este aforismo previene, sigue diciendo la enciclopedia, contra la aplicación estricta de las normas positivas que puede producir grave daño; y aconseja la instauración del arbitrio judicial a través de la equidad. El impartir justicia no es tarea fácil y, sobre todo, no puede ser la consecuencia ineludible de la aplicación mecánica de las normas.

Hubo un tiempo en que los propios tribunales, cuando no encontraban en la técnica jurídica a su alcance la posibilidad de producir una sentencia equitativa, alertaban de la desproporción de las penas que se veían obligados a imponer e instaban al poder político a su remedio mediante la figura del indulto parcial. Y asimismo el Ejecutivo no tenía empacho en utilizar esta institución jurídica. Pero, ¡ay Sancho!, hemos topado con lo políticamente incorrecto. En el momento pendular en que se encuentra la justicia, los tribunales se han olvidado de esta posible recomendación y el poder Ejecutivo hasta presume de no aplicar su prerrogativa. Pero el posible y criticable abuso de la misma no la invalida para, a través de ella, equilibrar justicia natural y ley positiva, es decir hacer aflorar la equidad.

Me desasosiega por igual tanto la corrupción impune como vivir en un país en el que puedan producirse estas situaciones. A Pedro I de Castilla empezaron llamándolo el Justiciero; pero la historia lo rebautizó como el Cruel.