COMO todo el mundo esperaba, el Tribunal Constitucional (TC) ha dejado sin efecto la delirante declaración de independencia aprobada el pasado 9 de noviembre por el Parlamento de Cataluña gracias a los votos de Junts pel Sí y la CUP. En una sentencia dictada en un tiempo récord, el TC ha decidido por unanimidad declarar inconstitucional y nulo dicho texto por la vulneración de cinco preceptos de la Constitución y dos del Estatuto catalán. Todo se resume prácticamente en una idea: La soberanía reside en el pueblo español y el Parlament no puede apropiársela. Como se ve, la sentencia está dentro de la más estricta lógica jurídica.

No obstante, hay dos aspectos de la sentencia que nos parecen especialmente positivos: la unanimidad y la urgencia con la que ha sido dictada. La unidad de criterio de los magistrados era importante porque la declaración del Parlament es todo un desafío al Estado y había sumido a España en su crisis institucional y política más importante desde el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Cualquier duda, cualquier división de criterios, hubiese significado darle alas a unos independentistas dispuestos a agarrarse a cualquier asidero para justificar una postura manifiestamente ilegal y antidemocrática. El segundo aspecto, la rapidez, pone fin, por lo menos por ahora, a la merecida fama del Constitucional como tribunal lento, incapaz de ofrecer sentencias rápidas ante problemas de gravedad extrema, como desgraciadamente se vio con el Estatut.

Por su parte, la Generalitat, en la huida hacia el abismo en la que parece haberse instalado, se ha apresurado a afirmar que el fallo no alterará el proceso secesionista y que seguirá adelante con el mismo. Además, en un alarde de cinismo político, ha criticado la celeridad con la que el TC ha dictado sentencia, como si lo ideal en la acción de cualquier tribunal de Justicia fuese la lentitud.

A partir de ahora, cualquier iniciativa parlamentaria que incida o intente desarrollar la declaración de independencia estará claramente fuera de la ley, por lo que el Gobierno de España deberá actuar con todas las armas que le dan nuestras leyes. Otra cosa no se entendería. El presidente en funciones de la Generalitat, Artur Mas, y todos sus apoyos políticos deben admitir al fin su inmenso fracaso y convocar unas nuevas elecciones que permitan cuanto antes reordenar políticamente Cataluña y ponerse a trabajar en los gravísimos problemas reales que tiene esta comunidad autónoma española.