LA supresión de Canal Sur 2 y la no renovación de contratos de 4.500 profesores interinos al inicio del curso escolar prologan en Andalucía un otoño cargado de tensiones sociales y marcado por los recortes derivados de la política económica de la nación y el ajuste específico de la comunidad autónoma. Mientras la liquidación del segundo canal de RTVA se antoja una medida alicorta que pretende no afectar a la abultada plantilla de la televisión autonómica -financiada por los andaluces con 122 millones de euros anuales-, la reducción del profesorado producida por el aumento del horario de los docentes titulares, aparte de sus consecuencias en el empleo, generará efectos negativos a medio plazo en la calidad de la enseñanza, una de las líneas rojas a no cruzar por los ajustes que el presidente de la Junta ha subrayado en todos sus discursos desde que llegó al cargo. Precisamente Griñán ha admitido esta misma semana que de ahora a final de año volverán a adoptarse medidas de recorte en distintos niveles de la Administración autonómica, aunque siempre con la vaga promesa de que no resultarán dañados los derechos fundamentales. También se han registrado estos días dos noticias menos llamativas, pero insertas en la misma línea: la constatación de que las grandes obras de la comunidad autónoma, como los metropolitanos, han quedado aparcadas o ralentizadas en gran medida, y la decisión del Consejo de Gobierno de asumir, varios años después, el llamado medicamentazo decretado por el anterior Gobierno del PP (la exclusión de varios cientos de fármacos de la lista de medicinas facilitada por la seguridad Social). El futuro inmediato no es mejor. Con rescate nacional o sin rescate, el objetivo de reducción del déficit asumido por el Estado y las comunidades autónomas aparece como una barrera infranqueable para cualquier propuesta de expansión económica. Si el presupuesto de la Junta para 2012 hubo que modificarlo para cumplir con la estabilidad presupuestaria, el de 2013 se presenta como aún más restrictivo. Pondrá a prueba, con toda seguridad, la fortaleza del pacto de gobierno PSOE-IU en la Junta, dado que la coalición no para de amagar con romper la política de recortes y aprobar unas cuentas públicas más "sociales".