España es un país repleto de gente inculta, muchísimos ignorantes y demasiados irresponsables; lo sabemos. La vida de una persona -y por ende, su salud- es, en cualquiera de las escalas en las que se quiera medir, lo que más importa, lo fundamental, lo primero. Sin salud, no hay vida, y sin ella nada de lo que venga a continuación importa demasiado.

Con estas sencillas, creo que incontestables, premisas, no es difícil cuadrar un silogismo que nos lleve a una conclusión razonable y válida: Hay que, primero, salvar vidas para poder cuidar, después, de todo lo demás, a pesar de que haya -pocos o muchos- quien no lo comprenda.

En los diez meses que dura la pandemia todos hemos visto y comprobado lo que sucede cuando se relajan las medidas imprescindibles, hasta que no tengamos una vacuna: distanciamiento social, uso de mascarilla adecuada, higiene exhaustiva… Hemos corroborado como después de la ‘desescalada’, de prisa y corriendo, ha venido una segunda ola de consecuencias terribles. Hablamos de ‘tantos muertos al día’, como si de contar ganado se tratase; pero detrás de cada fallecimiento hay una persona que se va, un futuro que desaparece, una familia rota y unos amigos destrozados… Cada uno de los muertos es una tragedia irreparable, ahora ‘disfrazada’ por la horrorosa magnitud de las cifras que nos golpean. Cada muerto, que lo haya sido sin tener porque serlo, es un crimen por el que, el o los culpables, tendrán que responder algún día.

No, queridos lectores, no se pueden abrir tiendas, bares y restaurantes; no se puede coger el coche, el tren o el avión, ni viajar ni desplazarse, si no es por causas esenciales, es decir: inaplazables. Hay que cerrar España, las Autonomías, las provincias, las ciudades y los pueblos; hay que quedarse en casa, salvo que no haya más remedio que salir de ella. No queda otra, hasta que no consigamos desterrar al maldito virus. No hacerlo supondrá, sin duda, la muerte de alguien: uno aquí, otro allí, dos hoy, cinco mañana, tres pasado… Vidas que se perderán, un desastre que jamás se podrá reparar.

Pero, los que tienen autoridad para hacerlo, no lo hacen -hablo de España, mi país y la tierra en la que vivo-. La gestión de esta calamidad, para ‘maridar’, ha sido calamitosa: puedo abrir hoy, mañana cierro, pasado abro un poco, al otro cierro algo menos…; hoy podemos estar seis, mañana diez, pasado tres, al otro 12…; toque de queda a las 10, luego a la 1:30, después a las 12…; el lunes podemos ir todos en el coche, el martes sólo con los que viven en tu casa, el miércoles con la familia, el jueves con los ‘allegados…’; en marzo no servía la mascarilla, en junio era recomendable, en agosto obligatoria -pero no había donde comprarlas… Un absoluto e incontestable desastre; un fracaso total de la capacidad de gestión de los que pagamos para que gestionen; un caos de consecuencias desoladoras; y, en consecuencia: una sensación de impotencia y rabia, de soledad, desespero e indignación.

Sé que la causa, al menos es lo que nos dicen, de todos estos malditos desequilibrios es la economía: no ahogar la economía. Y, por supuesto que el cierre de la actividad es una hecatombe para la economía, a todos los niveles: local, regional, nacional y mundial; pero esto tiene solución, o la tendría si los que gobiernan lo hiciesen pensando en el ciudadano -su obligación- y no en el modo de mantenerse donde están -su devoción y objetivo que, por muy demencial que pueda parecer, anteponen a cualquier otro, y digo: ‘a cualquier otro’, o sea: a cualquiera; incluida, por lo visto, la vida de las personas-.

España va a recibir de la Unión Europea 140.000 millones de euros -díganlo despacito para tratar de asumirlo: ciento cuarenta mil millones de euros-, de los cuales, la mitad, es decir 70.000 millones, no los tenemos que devolver, es un préstamo ‘a fondo perdido’. Bien, si se dedicase algo menos de esta cantidad, exactamente 60.000 millones de euros, a ayudas directas a quienes las necesitan y a quienes pueden ser la herramienta, imprescindible y necesaria, para la posterior recuperación de la economía, el problema estaría en vías de una solución útil, efectiva y posible. Tengan en cuenta que este es un dinero, repito, que no hay que sacar de nuestros recursos ni de nuestros impuestos: nos lo dan.

Pues bien, los vomitivos ‘Presupuestos Generales del Estado’ que ha aprobado este gobierno en unión de etarras irredentos, independentistas y separatistas xenófobos y racistas, destinan aproximadamente esa cantidad -60.000 millones- a lo siguiente: pago de múltiples, variadas, interesadas y sospechosas subvenciones públicas; sindicatos -para que no chillen mucho y tengan pá langostinos y demás…-; ONGs, de su cuerda, claro; diversos gastos públicos que no generan ingresos sino vagos holgazanes y votos comprados -lo que ‘interesa’-; y otras muchas y variopintas lindezas por el estilo y de la misma calaña: hay que asegurar la poltrona, caiga -por desgracia, nunca mejor dicho- quien caiga. Si esta monstruosa cantidad de dinero se dedicase a ayudas directas a los trabajadores autónomos, a pequeños empresarios, a medianas empresas y también a las grandes; que son, todos ellos, los que generan trabajo, pagan impuestos y crean riqueza; si se bajasen los impuestos -en lugar de subirlos como sólo ha hecho España entre los 27 países de la Unión Europea-, si se ayudase a pagar la luz, el alquiler y el colegio a las familias que están verdaderamente en las últimas para que puedan seguir optando al futuro mercado laboral… entonces, como parece que a final de 2021 estaremos prácticamente todos vacunados, dos años después, allá por finales de 2023, podríamos estar casi como antes de empezar esta pesadilla. Por el contrario, con lo que se está haciendo y lo que se está dejando de hacer, cuando empecemos a poder trabajar para comenzar a recuperar la riqueza perdida -las vidas nunca regresarán- nos aguardarán no menos de cinco años de penurias, paro, inflación, quiebras, desahucios y miseria, hasta que podamos empezar a pensar en levantar cabeza: hablamos entonces de finales de 2026 o mediados de 2027, ¡casi ná! Vayan, vayan haciéndose ustedes a la idea.

Cuando alguien toma la responsabilidad de gobernar, ha de estar dispuesto a tomar las decisiones necesarias, por el bien de la ciudadanía, aunque le cueste el puesto. Así hace Macron -Francia-, Merkel -Alemania-, Johnson -Reino Unido-, Conte -Italia-, Costa -Portugal-, De Croo -Bélgica-, Kurz -Austria-, Maurer -Suiza-, Solberg -Noruega-, Rutte -Holanda-, Morawiecki -Polonia-, Orbán -Hungría-, Mitsotakis -Grecia-, Borisov -Bulgaria-, Bettel -Luxemburgo-, Frederekisen -Dinamarca-, Marín -Finlandia-, Lofven -Suecia-… aquí no, aquí tenemos a Otegui, al catalán racista de turno, a Calvo, Montero, Celaá, Iglesias y al peor de todos, porque lo permite cuando podría impedirlo: Pedro Sánchez.