Como seguramente ya sabe, el concurso de la Generalidad para comprar las urnas para el referéndum independentista ha quedado desierto. Ninguna de las empresas dedicadas a fabricar urnas se ha atrevido por miedo a perpetrar una ilegalidad. En el bando independentista, esto se ha recibido como un ligero contratiempo y en el bando constitucional como una grandísima victoria. Para los primeros, se podrá solventar cogiéndole las vueltas a las leyes, que es su movimiento estrella: por las vueltas que llevan dando, y por ser a las leyes, que es a lo único que marean, junto a la perdiz. Negociarán directamente, sin concurso. O recurrirán a las urnas de cartón (lo que nos permitirá a las columnistas escribir "trampa y cartón"). Para los constitucionalistas, se demuestra que la estrategia aséptica de Mariano funciona y funcionará. Las urnas han hablado y han emitido su veredicto, ironizan.

Ninguno de los bandos ha captado la auténtica significación del hecho, porque ambos están en la misma batalla política y son incapaces de mirar a la sociedad y, si me apuran, a la realidad. Porque, ¿qué es lo que de verdad se deduce de esta historia? Un contradiós de categoría. De categoría por lo gordo y por lo ilustrativo. En la España actual y más intensamente en sus rincones soberanistas, la ley no obliga a los políticos que juraron (de estrambóticas maneras) guardarla y hacerla guardar, pero sí a las personas y a las empresas privadas.

Pongámonos en situación. Una empresa que fabrica urnas no tiene que tener muchas oportunidades de negocio, porque el desgaste de las que ya ha vendido es mínimo y las elecciones que se hacen son pocas. Para estas empresas, el encargo de Puigdemont era una oportunidad de negocio única. En un mundo normal, las empresas deben preocuparse de sus nichos de mercado, no de la legalidad de un contrato con la administración pública, que tendría que darse por supuesta.

Pero es el mundo al revés. El Estado (porque la Generalidad es el Estado) no cumple las leyes ni las sentencias mientras que los empresarios y las personas tienen que aguantar sobre los hombros el peso del Estado de Derecho. El caso de las urnas resulta muy transparente, pero los ejemplos se multiplican allí donde se ponen los ojos. La última de Puigdemont ha sido decir que nos darán miedo. Ellos, en concreto, no sé. El Estado de Derecho desecho que han hecho entre todos sí lo da. Y vergüenza.

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