LOS jueces, como ha afirmado la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, no están excluidos de la aplicación y el cumplimiento de la ley. ¡Hasta ahí podíamos llegar! Ya es suficiente con los complejos foros especiales, que más parecen una coraza, a que están sujetos jueces y parlamentarios. Ayer vimos, sin ir más lejos, cómo Garzón comparecía en el Supremo en calidad de imputado y cómo, durante cuatro horas, declaraba por la querella interpuesta contra él por el sindicato (unipersonal o casi) de ideología ultraderechista Manos Limpias, que ha asumido la singular tarea de hacer el juego sucio en los juzgados a un amplio sector que, por pudor o por intereses electorales, prefiere utilizar vías menos extremadas y más concordantes con la cortesía democrática. Fue, pues ayer, Baltasar Garzón al Supremo a declarar. Hasta ahí todo normal porque ser citado por un juzgado o tribunal no supone ninguna deshonra y nadie está exento de ser convocado a capítulo. Sí me pareció un poco a trasmano que un grupo de personas, de las asociaciones de la memoria histórica, se concentrara para jalear al magistrado de la Audiencia Nacional.

Lo singular de este asunto no es, a mi juicio, que Garzón declare por una querella, sino todo lo que ha precedido a la denuncia contra el magistrado, toda la inquina y toda la bilis política -más allá de la supuesta prevaricación de que se le acusan- que lo ha arrastrado frente a sus compañeros del Supremo.

Una cosa es estar en contra de la ley de Memoria Histórica y considerar una equivocación la apertura de un procedimiento contra el franquismo y otra distinta montar a costa de estas legítimas desavenencias una represalia más de carácter político que jurídico. Recordemos una vez más el antecedente: la denuncia parte de un sindicato de raíz franquista que, por afinidad y analogía ideológicas, debe estar tremendamente enfadado contra el magistrado que decidió enjuiciar las atrocidades de ese franquismo que constituye su cuna. No hay que ir muy lejos para reconocer que la denuncia contra Garzón es el arma con que este franquismo residual ha tramado la venganza contra la potestad (equivocada o no) del magistrado para actuar en la Audiencia Nacional conforme a sus competencias.

Yo acepto, repito, el argumento de quienes se oponen a la apertura de fosas y desaprobaron en su momento la causa general contra la dictadura abierta por Garzón. El planteamiento es razonable. Lo que resulta intolerable es la alegría sorda de unos y la falsa neutralidad de otros ante la consumación ¡en el Supremo! de una venganza política.