CADA vez que veo definir en un periódico a los magistrados del Tribunal Constitucional como "progresistas" o "conservadores", me pregunto por qué no se nos dice también si son calvos o si tienen los pies planos. Que un magistrado o una magistrada sea conservador o progresista -suponiendo que esta tosca etiqueta política signifique algo- tiene la misma importancia que tendría el hecho de que fuera aficionado a los menús macrovegetarianos. En un país civilizado, los magistrados no dictan sus sentencias en función de su ideología, sino en un función de lo que dicta la ley. El buen magistrado no es el que reza todos los días o lanza proclamas políticas con un seudónimo (Gladiator, quizá) en un foro de hooligans políticos, sino el que dicta una sentencia que no le gusta o que va contra sus intereses personales, pero que es la única posible en función de los hechos. Y quiero pensar que nuestro Tribunal Constitucional está formado por magistrados así.

Sólo en ese extraño país que llamamos España es posible que toda la atención política esté centrada en una sentencia sobre el Estatut de Cataluña que lleva tres años esperando, mientras que hay cuatro millones de parados y las perspectivas económicas parecen cada vez más sombrías. Si nuestros dramaturgos no estuvieran tan preocupados por las subvenciones, alguien habría escrito ya un esperpento al estilo de Valle-Inclán con esta historia. A día de hoy, no sabemos si somos un país "de tipo federal" -como dijo hace poco el ministro de Justicia-, o a la vez autonómico y federal, o quizá ya del todo confederado, sea esto lo que sea. Cuando unos políticos se ponen a hacer leyes, convendría que tuvieran una idea -siquiera aproximada- de lo que pretenden conseguir. Y me temo que ningún político de los que participaron en la redacción del Estatut de Cataluña tenía claro qué iba a pasar con ese proyecto, que de hecho estaba creando un Estado dentro de otro Estado.

Ya sé que todavía estamos en agosto y que hace demasiado calor. Pero me parece absurdo que un país entero se haya metido en un proceso constituyente de tapadillo, sin que lo supieran los electores y ni tan siquiera parecieran saberlo los políticos. No tengo nada contra el Estatut de Cataluña, que a lo mejor sería un buen estatuto si sirviera para poner fin, de una vez por todas, a la incesante discusión existencial sobre la naturaleza de nuestro país. Pero antes debería haberse aprobado una reforma constitucional con su correspondiente referéndum en todo el territorio español. Y como las cosas se hicieron mal, tendremos que seguir discutiendo si los magistrados del Tribunal Constitucional son calvos o son zurdos. O conservadores y progresistas, si prefieren decirlo así.