EL Gobierno de coalición formado por PSOE e IU a raíz de las elecciones autonómicas que se saldaron con la victoria insuficiente del PP acaba de cumplir su primer año de mandato. Como era previsible, los aliados lo han celebrado haciendo un balance positivo y la oposición lo ha rechazado por pasivo e incapaz ante la crisis y la corrupción. Lo cierto es que la Junta ha vivido una etapa de estabilidad política que pocos observadores presagiaban, a la vista de la hostilidad que los socialistas y la coalición poscomunista habían venido profesándose durante años y las dificultades de la propia IU para sacar adelante entre su militancia la idea de coaligarse para gobernar con el PSOE andaluz. También es justo reconocer que PSOE e Izquierda Unida aceptaron adaptar los presupuestos a los planes de estabilidad y control del déficit acordados por el Gobierno con las autoridades europeas y se esforzaron por suavizar los recortes y ajuste de gastos que más podrían afectar a las prestaciones sociales, a costa de una reducción sensible de la inversión productiva. En las últimas semanas el Gobierno autonómico ha empezado a desarrollar las medidas de la agenda social que formaba parte del pacto de coalición, destacando entre ellas el decreto ley sobre vivienda, que ahora ha empezado a cuestionar la Comisión Europea, y los anunciados planes contra la exclusión social. El Gobierno bipartito ha fracasado, en cambio, en la lucha contra el desempleo, que es el primer problema de los andaluces desde hace demasiado tiempo, y por la reactivación de la actividad económica. En realidad la generación de empleo puede considerarse la mejor política social imaginable, ya que el insoportable nivel de paro en la comunidad autónoma es el principal origen del empobrecimiento y la precariedad. No es exagerado afirmar que en la solución de las carencias básicas de Andalucía el Gobieno bipartito de Griñán y Valderas no ha satisfecho las expectativas de los andaluces.