EL 3 de abril de 1979 votamos a nuestros primeros representantes locales democráticos. Tras el periodo de la Dictadura de Primo de Rivera donde se acaba con el parlamentarismo y la representatividad en la vida local; hacía 48 años, desde la II República, que no elegíamos a nuestros ediles y alcaldes. Hoy estamos de fiesta porque, desde hace 40 años, todo lo bueno o lo regular que ha existido, lo fue a partir de nuestra participación en las urnas.

Recordar el particular sistema electivo existente durante el franquismo levanta sonrisas pero conviene evocarlo a tanto adolescente atrevido. Los capitulares resultaban escogidos por un sistema de tercios. Es decir, a partes iguales entre la familia, el único sindicato legalizado y lo que se llamaban entidades, obviamente afines al régimen. Para el primero de los casos, un tercio era votado por los cabezas de familia del municipio (sólo hombres, excepto viudas y mujeres mayores de 25 que vivieran solas). Nos referimos a candidaturas personales dado que los partidos políticos, es bueno señalarlo, eran todos por entonces ilegales excepto uno: Falange. Otro tercio correspondía a las diferentes secciones del sindicalismo oficial, también llamado vertical. Finalmente, las entidades afines escogían un tercio entre vecinos de reconocido prestigio y reputada moral. Bajo este escenario, los capitulares se aseguraban el cargo por seis años mientras que el Alcalde, con duración indefinida en su mandato, era nombrado a dedo por el Ministro de Gobernación en ciudades de más de 10.000 habitantes.

Bueno es conmemorar porque las municipales de 1979 representaron toda una revolución tan pacífica como democrática, que asentó la Constitución, tanto como la aplicó por primera vez. Aquella convocatoria fue una victoria de la izquierda. Por vez primera en democracia tocaban poder. Efecto que fue reforzado por un pacto municipal de Estado entre PCE y PSOE el cual vino a desplazar al centrismo de aquellos consistorios donde era posible. Algo que, pese a las críticas de frentepopulismo desde los sectores ucedistas, se subraya aún más en Andalucía al sumarse al citado concierto PSA y PTA. El resultado de aquel amplio acuerdo fue una estable mayoría que no sólo ocupa parcelas de representación; quiso desterrar anteriores prácticas tan burocráticas como ineficaces, solucionar problemas y carencias de servicios prorrogados durante décadas, extender la participación ciudadana y propiciar nuevos modelos de gestión más acordes con los tiempos democráticos. No en vano muchos de los líderes vecinales curtidos en la contestación al franquismo acabarán siendo capitulares en los diferentes consistorios. El más beneficiado fue el PSOE y, en segundo lugar el PCE, que apenas dos años después de su legalización, logra un papel relevante más adelante trasladado a las ocho Diputaciones de Andalucía con el concurso, como hemos señalado, de andalucistas y “peteros”.

Curiosamente, la Alcaldía de Jerez, no estaba explicitada en aquellos amplios acuerdos y la realidad, de manos de un joven Pedro Pacheco, le confiere una singularidad en aquel primer escenario local. Tanto PSOE como PCE (ambos con seis ediles) le apoyan como Regidor andalucista una vez obtiene ocho capitulares frente a los siete de UCD. El ejemplo jerezano resulta inédito por cuanto ese gobierno de concentración. De cualquier forma, el caso andaluz viene singularizado por el apoyo que desde las Corporaciones locales se hace a la causa de una autonomía plena por el procedimiento del artículo 151 de la Constitución. Por una parte, reafirmando desde la dimensión local el significado unitario y progresista del Pacto Autonómico de Antequera, firmado en primera instancia como acto constituyente el 4 de diciembre de 1978 e identificado por el voto afirmativo el 21 de enero de 1980, ya en vísperas del referéndum del 28F. De otra, reiterando la voluntad de los respectivos plenarios locales en favor de una autonomía plena, tal y como las Corporaciones Locales de Andalucía demostraron de forma contundente durante el verano de 1979 solventando con creces la primera de las exigencias constitucionales del artículo 151; reiterando su voluntad en pro de dicho procedimiento una vez la trampa y el bloqueo del 28F; y tal y como sucede finalmente con el empuje ciudadano e institucional para buscar soluciones en Cortes a la parálisis del acceso al autogobierno.

Finalmente, con el llamamiento realizado a la ciudadanía para que participase en las primeras elecciones autonómicas de Andalucía (mayo de 1982). Pese a la derrota legal del 28F, no puede entenderse la victoria alcanzada gracias al respaldo de los Ayuntamientos a un autogobierno que también iba con ellos.Conviene recordar porque no fue fácil. Hoy, desde la distancia, hablamos con cierta comodidad y simpleza. Sin embargo, por muy rosa que lo pinte la narración canónica de la transición modélica de manos de propagandistas de la concordia… estuvimos a punto de perderlo todo el 23F. Conviene no olvidarlo ahora que corren voces de involución y nostalgia excesiva.