LA semana que hoy comienza se considera decisiva para el futuro del radicalismo vasco agrupado en torno a la ilegalizada Batasuna. Después de meses de debates y movimientos internos, y al amparo de la tregua anunciada por ETA en enero, los abertzales se disponen a sacar a la luz un nuevo partido político, heredero de Batasuna, con el que concurrir a las elecciones municipales de mayo. Fuera de la ley, con un respaldo social cada vez más débil y sin posibilidades de financiación ni de propaganda, el antiguo brazo político de la banda terrorista necesita volver a los ayuntamientos para contener su agonía y su marcha hacia la irrelevancia. Para conseguirlo ha ido asumiendo verbalmente la exigencia de que apueste únicamente por las vías democráticas en la lucha política y abandone su tradicional apoyo a la violencia etarra. El problema, para ellos, es que su credibilidad se encuentra bajo mínimos después de tantos años de sumisión y servicio a la banda. Hace varios meses que el ministro del Interior emplazó a Batasuna y a sus sucedáneos presentes o futuros a resolver por sí mismos el único dilema que importa en esta tesitura: si quieren participar en la vida política como una formación más, con las mismas oportunidades que las demás, sólo tienen que convencer a ETA de que se disuelva y entregue las armas o, si no, rechazar enérgicamente la violencia de ETA, de una vez y para siempre. Lo primero parece imposible a tenor de la trágica experiencia de este país. Lo segundo necesita un plus de firmeza y evidencia que la democracia española hace bien en demandar a quienes tantas veces la ha decepcionado. Tanto PSOE como PP expresaron ayer mismo su estado de alerta ante las maniobras del radicalismo paraterrorista. Cuando presente sus nuevas siglas e inscriban en el registro sus estatutos la Fiscalía los investigará por orden del Gobierno, según aseguró ayer el ministro de Presidencia. La desconfianza es normal con esta gente, y la exigencia, máxima. Se las han ganado a pulso.