LA presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, quiso acabar el pasado miércoles con las críticas a su pasividad como gestora con un amplio calendario de iniciativas legislativas y de inauguraciones de infraestructuras en toda Andalucía. La secretaria general de los socialistas andaluces aprovechó el debate extraordinario sobre la situación política de nuestra comunidad autónoma -cuya moderación contrastó con el que se desarrollaba a la misma hora en el Congreso en Madrid- para anunciar una cascada de medidas y, sobre todo, un calendario de cumplimiento de las mismas, lo que permitirá tanto a la oposición como a la opinión pública fiscalizar mejor su labor de gobierno.

Aunque es cierto que muchas de estas iniciativas ya las había vendido Susana Díaz durante su discurso de investidura de hace nueve meses, también lo es que hubo dos novedades, una de las cuales tiene un gran interés general. Nos referimos al compromiso de Díaz por el que la Junta de Andalucía garantizará un tiempo medio de pago a sus proveedores en educación, salud y servicios sociales. Según anunció, el Gobierno andaluz aprobará antes del próximo mes de abril un decreto en este sentido, lo cual no puede considerarse más que positivo. La Junta de Andalucía debe ser consciente de que muchos de sus proveedores son medianos empresarios que no se pueden permitirse el lujo de aguantar el cobro de sus facturas durante demasiado tiempo. Un ejemplo de lo perniciosa que puede ser la morosidad pública lo pudimos ver recientemente en las universidades, que dilataron en exceso sus pagos debido a la falta de financiación de la Junta provocada por los recortes de la crisis. El resultado final fue un importante número de pequeños y medianos proveedores que se fueron a la ruina. Sólo las grandes empresas se pueden permitir el lujo de financiar a la Junta. Sin embargo, ¿por qué limita Díaz esta garantía de pago a los sectores de la salud, la educación y los servicios sociales? Es cierto que son tres áreas sensibles y fundamentales para el Estado de bienestar, pero esta meritoria medida debería de beneficiar, por mera justicia e interés económico, a todos los proveedores.

La segunda medida beneficia a un sector muy concreto de la sociedad: los funcionarios. La presidenta se ha comprometido a que, en 15 días, se restituirán los dos días libres adicionales por asuntos particulares al cumplir el sexto trienio, y otro más por cada trienio a partir del octavo. La medida, evidentemente, tiene mucho menor calado social y económico, y sólo se entiende en cumplimiento de la promesa electoral de Díaz de recuperar los derechos de los funcionarios perdidos por la crisis.