El Gobierno acaba de hacer concesiones preliminares al PNV y ERC para que no bloqueen los Presupuestos Generales del Estado del año próximo. Ambos partidos han anunciado que ha sido un aperitivo; sus reivindicaciones son muchas todavía. Este espectáculo impúdico en el que se hacen concesiones a unos pocos a costa de los demás es un clásico. Los gobiernos en precario, desde las elecciones de 1977 hasta las de 2019, siempre han sido un festín para los nacionalistas. UCD, PSOE y PP han transigido con las exigencias de vascos y catalanes desde el inicio de la transición.

Después ocurrió lo mismo con los que vinieron detrás, con el cazo; el nacionalismo es contagioso. En la última investidura de Pedro Sánchez, en enero de 2020, los acuerdos para conseguir el voto favorable del único diputado del Bloque Nacionalista Gallego ocuparon nueve folios y los compromisos para lograr que el único congresista de Teruel Existe apoyase al presidente llegaron a once páginas, según cuenta Jesús Cintora en su libro La conjura. Con esa media, las concesiones que podrían haber sacado los 31 diputados andaluces de PSOE y UP que votaron la investidura no cabrían en 300 folios.

Que cada uno vaya para su bolsa forma ya parte del paisaje y se vende bien a la opinión pública doméstica. Aquí no hay ideología, ni transparencia que valga; sólo márquetin. En el debate sobre el estado de la comunidad de esta semana, el presidente de la Junta ha hecho una exhibición al respecto. Ha criticado "la PAC del Gobierno" porque Andalucía perderá fondos. Pero no es la PAC del Gobierno, sino la Política Agraria Común de la Unión Europea, que desde hace décadas marcó dos objetivos nuevos, una convergencia en la subvención por hectárea entre todos los países y políticas medioambientales que sustituirían el pago por cultivos históricos.

Como Andalucía era con diferencia la región de España que más ayudas agrarias recibía, por encima de la media europea, sabemos desde principios de siglo que perdería paulatinamente ventaja en el reparto nacional. Hace siete años, con las posiciones cambiadas, el PSOE desde la Junta afeó al ministro Arias los mínimos recortes que hubo. Y ahora, el PP desde la Junta paga con la misma moneda al ministro Planas, que ha vuelto a hacer una distribución en la que Andalucía pierde mucho menos que si se aplicaran a rajatabla las normas generales de la UE. Mientras Moreno pone el cazo, a 14 de las 17 autonomías, incluidas las gobernadas por el PP, les parece insuficiente la convergencia establecida por el Ministerio.

El PP invoca a Europa para no renovar el Consejo General del Poder Judicial o para descalificar que se quiera cambiar su reforma laboral, pero cuando una política europea no le gusta, se la adjudica al Gobierno de la nación. A Moreno le funciona su nacionalismo de baja intensidad; el nacionalismo es contagioso. Y el populismo también, desgraciadamente.

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