editorial

La comisión de los ERE

LA primera fase de los trabajos de la comisión del Parlamento andaluz que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo financiados por la Junta de Andalucía durante la primera década del siglo XXI ha evidenciado las virtudes y las limitaciones de este tipo de órganos institucionales temporales. Aún quedan destacados testimonios que escuchar y documentación que estudiar, pero ya se puede afirmar que la comisión parlamentaria ha demostrado su utilidad. Es un signo de salud y fortaleza democráticas que los representantes de la ciudadanía indaguen sobre el uso de los fondos públicos y las irregularidades que pueden cometer los gobernantes en el ejercicio de sus funciones, en el bien entendido de que no corresponde al Parlamento la delimitación de las responsabilidades penales en que pueden haber incurrido, y que son sustanciadas por los tribunales, sino la depuración de las responsabilidades políticas a que hubiera lugar. En este sentido los trabajos de la comisión hasta el momento presente, y en particular la comparecencia del ex interventor general de la Junta, han permitido establecer con claridad que el procedimiento para la concesión y financiación de los ERE, aunque legal, fue aplicado con irregularidades, de las que fueron advertidos los consejeros de Empleo bajo cuyos mandatos se produjo la inclusión de unos doscientos intrusos que se beneficiaron de ayudas a las que no tenían derecho y se benefició a individuos cercanos familiar o amicalmente a diversas instancias del partido en el poder. La discrecionalidad y opacidad con que se tramitaron los ERE hicieron posible la existencia de una red de conseguidores e intermediarios que los consejeros estaban obligados a controlar e impedir, pero que en la práctica dejaron actuar haciendo caso omiso de las advertencias de irregularidades. La mayor carencia de la comisión parlamentaria está relacionada con el carácter de nuestro sistema institucional: al no estar integrada por personalidades independientes o diputados elegidos en listas abiertas, sus miembros son menos propensos a buscar y encontrar la verdad de lo investigado que a ratificar las posiciones previas que sus respectivos partidos han adoptado sobre el caso indagado.

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