A los ministros socialistas les pone de los nervios que se cuestione su dignidad personal, que se les acuse de tragar sapos a cambio de mantenerse en el machito, en los despachos de poder. Se comprende que se sientan mal, pero en lugar de dimitir se defienden con el argumento de que una vez que se han aprobado los Presupuestos van a cambiar radicalmente las cosas. El que no se consuela es porque no quiere. Deben ser los únicos españoles, junto a algún otro socialista bien situado, que todavía creen en la palabra de Pedro Sánchez.

Se agarran a un clavo ardiendo porque si no lo hacen quedaría arrasada su propia estimación, por eso explican que la prioridad era aprobar los Presupuestos y eso obligaba a ceder ante un Pablo Iglesias que además de aportar sus propios escaños era capaz de sumar a independentistas y a Bildu; a partir de ahora, dicen, Sánchez irá imponiendo su criterio. Y si no le gusta a Pablo Iglesias y amenaza con la ruptura de la coalición, ya buscaría el presidente otras fórmulas de estabilidad. Aunque al igual que la mayoría de los españoles, esos ministros que intentan defenderse expresando sus esperanzas sobre cómo se van a desarrollar las cosas a partir del 2021, están convencidos de que no se producirá la ruptura con Podemos porque Iglesias y sus acólitos no se han visto nunca en otra igual.

Ese escenario consolador pudo haber sido posible hace unas semanas, pero ya no es creíble ante tanto como se ha cedido: leyes aprobadas, e irreversibles, impuestas por partidos que no respetan la Constitución, y ocupación por las bravas de las principales instituciones del Estado para garantizarse nombramientos que permitan determinadas fechorías. Todo eso es lo que promueve la "nueva izquierda", la que desprecia a sus mayores y la que es más casta que aquella casta que decía aborrecer.

El Tribunal Supremo ha tumbado la idea del gobierno de conceder el tercer grado a los independentistas catalanes condenados. Está claro que el gobierno no quiere que se produzcan más contrariedades de ese tipo y por eso pretende que el CGPJ no pueda hacer nombramientos mientras esté en funciones. El ministro Campo ni se inmuta cuando se le recuerda que, antes de ocupar la cartera de Justicia defendía que el Consejo pudiera tener esa competencia aunque se encontrara en funciones.

¿Y aún dicen ministros socialistas que esto va a cambiar? Iglesias ha amarrado las cosas de tal manera que sus tentáculos llegan ya a todas partes. Y Pedro Sánchez no solo no lo ha impedido sino que lo ha alentado.

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