POCAS alternativas le han quedado a la Consejería de Salud, salvo el cierre, frente al desafío mantenido por el propietario de un asador marbellí, tristemente famoso por presumir de su rebeldía ante la ley antitabaco. Este lamentable episodio de desobediencia que ha tenido más elementos de campaña de publicidad encubierta y de propaganda política -el dueño del restaurante ha mantenido que es "muy, muy, pero muy de derechas" y ha proferido todo tipo de insultos contra el Gobierno, la Junta y el PSOE - no podía terminar de otra forma. Un Estado de Derecho no puede tolerar el desprecio exhibido reiteradamente por este ciudadano frente a la aplicación de una norma democrática, aprobada además con el apoyo de todos los partidos, que vela por la salud de los ciudadanos. Se trata además de una legislación que llega a España con muchos años de retraso y avalada por la incuestionable evidencia científica de que el tabaco está detrás de miles de muertes cada año en nuestro país. Hasta la veracidad de ese hecho ha cuestionado el propietario del establecimiento. En todo el proceso, la Consejería de Salud ha mantenido una postura firme pero prudente, ya que ha avisado en distintas ocasiones, tanto en persona como a través de los medios de comunicación, de que la ley se haría cumplir y de que había instrumentos para ello. El empresario marbellí, que ha buscado notoriedad hasta intentar convertirse en paladín de los descontentos con la normativa, ha mantenido la constante de hacer caso omiso a todas esas recomendaciones y apercibimientos, proclamando que no pagaría las sanciones e incluso que abrirá otro restaurante para reiniciar esta absurda cruzada. Hasta pretendió atrincherarse en su negocio tras la orden de cierre cautelar y no la acató hasta la advertencia policial de que sería detenido y el local precintado en cualquier caso. El ordenamiento jurídico español recoge distintos mecanismos por las que expresar y tramitar la oposición a una ley. La insumisión y la rebeldía pública no son ninguno de ellos.