SI como se dice el lenguaje opaco es norma de cualquier sociedad que camina hacia su disolución, al enfrentarnos a la factura de la electricidad no podemos menos que deducir que nuestro fin debe estar próximo. La complejidad aumenta cuando leemos que el déficit tarifario acumulado desde 2000 -la diferencia entre lo que vale la energía realmente y lo que pagamos nosotros en nuestras facturas por ella o tarifa eléctrica- está actualmente cifrado en 29.000 millones de euros. Resulta que llevamos, usted y nosotros, años y años pagando de luz menos de lo que vale. Pero se nos acabó; el Gobierno ha decidido terminar con esto.

La primera duda que nos asalta es acerca de los motivos por los que nos han dejado pagar de menos porque lo suyo es pagar por las cosas, como mínimo, lo que cuestan. Pues bien, el coste de la electricidad está compuesto por dos grandes capítulos: el precio de la energía y los costes regulados; cada uno supone, más o menos, un 50% de la factura. El precio de la energía se determina -por la oferta y la demanda- en un mercado libre y altamente complejo donde acuden las empresas que la generan y las empresas que la suministran. Por su parte, los costes regulados dependen de decisiones administrativas, y están formados, entre otros, por los de transportar y distribuir la energía desde donde se produce hasta los consumidores; por los que resultan de las políticas específicas sobre renovables, nucleares y carbón nacional; y por las consecuencias financieras de los déficits tarifarios acumulados de años anteriores.

Y entonces: ¿por qué la tarifa eléctrica no atiende exactamente a estos costes de la electricidad? Puede decirse que por cuestiones políticas ya que la electricidad tiene un precio también regulado, esto es, queda fijado por el Gobierno, aunque, por supuesto, para determinarlo se manejan previsiones acerca de la posible evolución de los dos capítulos mencionados anteriormente.

Pero las previsiones fallan; surgen diferencias entre las previsiones realizadas de ingresos y costes del sistema y los valores realmente registrados un año después. Errores curiosos, por otra parte, ya que son siempre estimaciones a la baja y así las previsiones sistemáticamente se quedan cortas. Esto no parece inocente, como distintos analistas mantienen, sino que responde a que el Gobierno desea que el precio se sitúe en niveles bajos debido a su gran impacto político: el precio de la electricidad afecta a la inflación y, de forma especial, a la competitividad de diversos sectores productivos.

Así, previsiones y deseos conducen a unos precios para el consumidor. Pero al año siguiente la dura realidad se impone, y los costes son los costes que realmente han sido: los ingresos de las empresas eléctricas; unas, las que realizan actividades reguladas (transporte y distribución de electricidad) porque por decisión administrativa deben ser retribuidas según sus costes reconocidos; y otras, las que llevan a cabo las actividades liberalizadas (generación de energía) porque deben ser remuneradas según el precio que se origine en los mercados.

Sucediendo así las cosas, lo que se genera técnicamente es una deuda -anual, y que se va acumulando- de los consumidores con las empresas que aportan la financiación del déficit de tarifa, requiriéndose recursos financieros para enjugar la diferencia entre los ingresos devengados por las empresas y los pagos realizados por los consumidores. Hasta los 29.000 millones de euros que se tienen que pagar ahora. De entrada, 2.700 millones recaerán en las empresas eléctricas tradicionales y las que generan energía renovable; una subida del 3,2% en el recibo de la luz a partir de este agosto a cargo de los consumidores (unos 900 millones de recaudación); y, en tercer lugar, los Presupuestos Generales del Estado se harán cargo, en 2014, de otros 900 millones (de nuestros impuestos, claro está). Parece que empieza a verse la luz al final del túnel. Eso sí, con el desacuerdo de todos los implicados.