Muchas veces me pregunto si todo el conjunto de leyes y normativas que afectan a nuestro patrimonio es una herramienta útil para su defensa o, simplemente, un mero adorno, un cándido ideal para lavar nuestras conciencias, mientras de forma cínica aceptamos que los problemas de ese legado histórico nunca han sido ni serán importantes para nuestra sociedad. De otra forma no puede explicarse que edificios protegidos por la declaración de Bien de Interés Cultural estén en la más absoluta indefensión. Lo hemos visto días atrás con el derrumbe de parte del Castillo de Melgarejo, la que podría considerarse como la principal fortaleza conservada en el término municipal, a sólo 11 kilómetros de Jerez. Un monumento que, en su largo declive, es fiel reflejo de esta hipocresía legal, anterior, incluso, a nuestra actual democracia. De este modo, como la totalidad de los castillos españoles, quedó "bajo la protección del Estado" en 1949. Ya con la llegada de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 todos ellos pasaron automáticamente a adquirir la categoría de BIC. Tras tanto tiempo de supuesta salvaguardia, la realidad deprimente de estas fortificaciones es insolente, descarada.

En el caso de Melgarejo, la voz de alarma la han puesto José y Agustín García Lázaro, grandes conocedores, y difusores, de la riqueza cultural del alfoz jerezano. La noticia ha saltado a la prensa nacional. A las preguntas de un periodista, la Delegación Provincial de Cultura de la Junta de Andalucía dijo no tener constancia de nada, aunque prometía "abrir una investigación para indagar lo ocurrido". Soy consciente de la inmensidad patrimonial de la provincia y la dolorosa falta de medios pero siempre queda la misma imagen de unas administraciones que parecen vivir al margen de sus obligaciones y que, acaso, sólo son capaces de tirar balones fuera.

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