EN el Diario de Jerez y en el de Cádiz del día 10, D. Juan Ortega, delegado diocesano de enseñanza del Obispado de Asidonia-Jerez, publica una carta abierta al Consejero de Educación en relación a la enseñanza de la religión que se incluye en el borrador de Decreto de Educación Primaria presentado recientemente.

Desde CC.OO. hemos de darle la razón al representante del Obispado en relación a la crítica que realiza sobre la necesidad de contar con una educación inclusiva e integradora, porque, ciertamente, la Consejería de Educación está llevando a cabo políticas que en nada potencian la igualdad de oportunidades y que CC.OO. rechaza.

No es posible esta igualdad cuando Andalucía recorta, al dictado de las políticas impuestas por el Gobierno de España, el número de profesorado de apoyo en los centros educativos, no sustituyendo al profesorado enfermo, reduciendo en un 12% los gastos de funcionamiento de los centros cuyos presupuestos ya están asfixiados de por sí, realizando una oferta de empleo público de profesorado durante varios años para cubrir sólo al 10% del personal docente que se jubila, ampliando el número de escolares a atender por clase y las horas del personal docente, mandando al paro a numeroso profesorado interino, no 2.700 docentes (cifra que cita como profesorado actual de religión), sino a muchísimos más a pesar de que Andalucía cuenta cada año con más escolares; y ello sin citar los 40.000 andaluces que se han quedado sin plaza para realizar estudios de formación profesional y que están en el paro.

Es cierto, Andalucía necesita potenciar con políticas educativas integradoras la escuela pública como mejor garante de la igualdad de oportunidades para toda la población, lo que requiere una mayor atención a la diversidad, especialmente al alumnado con déficit social y cognitivo, y al que no tiene una formación cualificada.

Pero potenciar la educación integradora e inclusiva poco tiene que ver con que el Ministerio de Educación haya definido en la LOMCE que la enseñanza de las religiones puede reducirse a 45 minutos semanales, algo que el propio Ministerio rápidamente ha incluido en las enseñanzas en Ceuta y Melilla que son de su competencia, que poco se critica, y en las que la religión mayoritaria no es precisamente la católica.

Generar una educación integradora e inclusiva no es potenciar los centros segregados por sexos como hacen 12 centros andaluces, todos ellos gestionados por la iglesia católica y que, tras numerosas sentencias que imposibilitaban que pudiesen contar con fondos públicos, la LOMCE autoriza. ¿Hablamos de consenso también en este tema? Generar una educación integradora no es disponer de unos presupuestos de la Junta de Andalucía, en materia educativa, presentes y previstos para el próximo año, en los que sólo crecen las plantillas de profesorado de religión.

La educación en valores basada en principios de solidaridad y de ciudadanía responsable, un pilar básico de convivencia por encima de otras creencias personales y familiares, debe ser un elemento clave del sistema educativo en términos de igualdad. Luego la familia, y los templos religiones y sus congregaciones si así se desea (tal como en muchos países europeos), podrán completar la formación de nuestros hijos en el ámbito de lo privado y en las creencias que se posean. Los recursos públicos, ciertamente, se deben destinar a una educación inclusiva e integradora y no a creencias personales y privadas.

Estamos de acuerdo, la Consejería de Educación y el propio Ministerio de Educación, con sus políticas de recortes, no está potenciando una educación inclusiva e integradora marginando al alumnado con mayores problemas sociales. El consenso, ciertamente, debe partir de lo que la mayoría de la población considera. Dé por seguro que, en relación a los uso de los recursos públicos en educación, la población prioriza que todo el alumnado pueda, en igualdad de oportunidades, lograr el éxito escolar y no disponer de esos fondos públicos para contar con 45 minutos más o menos de religión católica.