La esquina

josé / aguilar

El desmadre del dinero público

JORNADA para anunciar devoluciones y reintegros. Dos consejeros del Gobierno andaluz comparecieron ayer en el Parlamento, pero esta vez no trataron de justificar la gestión de sus predecesores, como era costumbre inveterada. La propia comparecencia contenía en sí misma una confesión de los pecados anteriores y un propósito de enmienda: esto es lo que la Junta ha hecho mal y no volveremos a hacerlo.

Pecados graves. El consejero de Educación, Luciano Alonso, informó de que la Junta reclama la devolución de 17,4 millones de euros en ayudas concedidas para cursos de formación cuyos beneficiarios no han podido justificar el destino que les dieron. La cifra es provisional, porque la revisión sólo ha afectado hasta ahora a la mitad de los expedientes sometidos a inspección. Esta investigación político-administrativa funciona en paralelo a las instrucciones que se cursan en siete juzgados.

Por su parte, el consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo (todo junto), José Sánchez Maldonado, ha dado cuenta del análisis del 92% de los expedientes de regulación de empleo (ERE) subvencionados por la Junta a empresas y ayuntamientos de la comunidad autónoma, con el siguiente balance: 71 millones de euros deberán ser devueltos por haberse otorgado irregularmente. En el periodo voluntario abierto para atender la reclamación se han devuelto 1,2 millones, de modo que queda mucha tela por cortar. El mismo Pepín Sánchez Maldonado aclaró lo relativo al tercer escándalo de la autonomía andaluza. Después de examinar cinco de los 21 expedientes de ayudas al sindicato ex hermano -UGT-, se le ha pedido el reintegro de 4,9 millones, cantidad que la central reduce a 3,5. Y subiendo, que diría el otro, porque es verosímil que los expedientes restantes tengan sus propias zonas de sombra. Puro cálculo de probabilidades.

Políticamente no hace falta esperar a que los consejeros acaben la revisión de todos los expedientes ni los detallen cada mes en la comisión parlamentaria para llegar a una conclusión: el manejo por la Junta de los fondos públicos destinados a ayudar a empresas en crisis, a subvencionar a los agentes sociales y a formar a los trabajadores ha sido irregular, arbitrario, negligente y nada objetivo. Si me apuran, también ha sido clientelar y nepotista. Lo que hay que garantizar es que no vuelvan estas prácticas. Nunca más.

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