LA marcha de Pérez Rubalcaba y la convocatoria de un congreso extraordinario del PSOE, tras el batacazo electoral de hace una semana, ha hecho que todas las miradas de los socialistas se dirijan en dirección a su única dirigente que ha ganado con holgura las elecciones al PP, mantiene el poder en una comunidad autónoma importante y aporta la militancia más nutrida y activa a una organización que vive una crisis casi sin precedentes. Casi todos los barones territoriales del partido han propuesto públicamente, en efecto, que sea Susana Díaz quien salga del congreso investida como nueva secretaria general. La ven como única tabla de salvación para un PSOE náufrago y desconcertado. Aparte de que falta por decidir si la elección se hará por los delegados al congreso o por todos los afiliados y de que el PSOE se está planteando la crisis sólo como un problema de liderazgo, sin entrar en la renovación de su discurso y su organización, ocurre que Díaz es también la presidenta de la Junta de Andalucía y que, desde el momento en que tomó posesión de este cargo, se comprometió solemnemente con los andaluces a dedicarse a mejorar sus vidas y a sacar a su tierra del pozo en el que se encuentra. Ahora se ven en la tesitura de ver removida la Presidencia de la comunidad por motivos legítimos pero enteramente partidistas. Y no es la primera vez que esto sucede. O sucedería si Susana Díaz, llevada por su ambición y por las necesidades de su partido, acepta el clamor generado para que lidere al PSOE a partir del congreso. Existe otra salida: que compatibilice la Secretaría General socialista con la Presidencia de Andalucía. Es una falsa salida. Porque los dos cargos no son compatibles. O se defiende el interés de Andalucía con toda la dedicación y el esfuerzo que Andalucía requiere o se defienden los intereses de un partido que por definición es nacional y tiene una visión de Estado. ¿Qué postura adoptaría ante un sistema de financiación autonómica que perjudique a Andalucía y beneficie a Madrid?