LA juez que instruye la causa de los expedientes de regulación de empleo irregulares financiados por la Junta de Andalucía durante la década pasada ha subido un escalón más en la investigación del ámbito político bajo cuyo amparo se desarrolló el escándalo de los ERE fraudulentos. Llamará a declarar a una veintena de altos cargos y ex altos cargos de la Administración autonómica. Entre ellos, la actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones, Magdalena Álvarez, ex ministra de Fomento y consejera de Economía y Hacienda de la Junta entre 1994 y 2004, que según la instructora dictó las normas que permitieron las transferencias de financiación cuyo uso indebido generó "un dispendio continuado de fondos públicos". Junto a ella han sido igualmente imputados otros dieciocho responsables públicos autonómicos, entre antiguos viceconsejeros y directores generales -incluyendo a Antonio Lozano, que actualmente es el número dos de la Consejería de Presidencia que ostenta Susana Díaz- y el interventor general de la Junta entre los años 2000 y 2010, Manuel Gómez Martínez, que formuló quince advertencias de que el procedimiento que se estaba usando para pagar las ayudas a trabajadores de empresas en crisis era irregular, pero no planteó el informe de actuación que habría llevado a paralizar las subvenciones. La propia juez Mercedes Alaya especifica que "ha llegado el momento de dar un paso cualitativo en la instrucción", centrado en la actuación de los responsables políticos que permitieron la utilización irregular del dinero público en cuantía considerable. Una vez más, el cerco de Alaya se detiene justo antes de implicar a personas aforadas. Ya utilizó esta estrategia con los ex consejeros de Empleo: Antonio Fernández estuvo en prisión provisional, de la que salió con una fuerte fianza, mientras que su antecesor, José Antonio Viera, no ha sido imputado. Ahora los políticos que ocuparon posteriormente el mismo cargo que Álvarez siguen desvinculados del caso: José Antonio Griñán, actual presidente de la Junta, y Carmen Martínez Aguayo, han gestionado o gestionan las competencias de Economía y Hacienda de la Administración regional. Quizás se explique porque los tres son aforados. Desde el respeto a la independencia de los jueces, volvemos a demandar que en esta causa, como en todas las demás, la instrucción responda estrictamente a criterios jurídicos y no se vea interferida, en ningún sentido y con ninguna intencionalidad, por motivaciones y perspectivas ajenas al mundo del Derecho Penal. La investigación del caso de los ERE ha tomado una celeridad encomiable. Hace falta que también llegue a sus últimas consecuencias.