ES un genuino representante de la vieja política, tramposa y oportunista. Tanto que ha sido consejero en la Generalitat del PSOE, que lo expulsó de sus filas, y también ha sido consejero de la Generalitat del PP, que no se atreve a expulsarlo (le gustaría, pero por nada del mundo acepta perder su escaño en el Parlamento regional).

Se trata de Rafael Blasco, diputado valenciano cuyo lema parece ser "antes muerto que dimitido". Está implicado en un caso desdichado de corrupción: el fraude en el reparto de ayudas de cooperación al desarrollo, cometido cuando era consejero de Solidaridad y Ciudadanía. ¡Menuda solidaridad!: una red de desvío de fondos públicos destinados al Tercer Mundo. La Fiscalía Anticorrupción le pide diez años de cárcel en la primera de las causas abiertas por este saqueo.

Pero es que la propia Abogacía de la Generalitat solicita para él once años por su presunta participación destacada en el mismo caso. Y sin embargo, Blasco se niega en redondo a dejar el acta de diputado (lo impiden "mi dignidad y mi derecho constitucional a la presunción de inocencia"), y el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, intenta convencerlo de que se vaya, pero no lo echa. Posiblemente, porque ahora mismo existen en el Grupo Popular otros ocho diputados imputados en casos de corrupción (Gürtel y Brugal), y no querrá el hombre quedarse en cuadro en la Cámara autonómica.

Con lo cual se produce una situación grotesca: Fabra expulsa de su gobierno a los implicados en corruptelas (hay dos ex consejeras de Turismo también imputadas y con escaño), pero los mantiene como parlamentarios en vez de quitarlos de la circulación como presidente del PP valenciano, que también lo es. Ahora se ha puesto otro plazo. Dice que actuará contra Blasco cuando se dicte el auto de apertura de juicio oral en su contra. Ya veremos.

En fin, una falla en el discurso del Partido Popular contra la corrupción, que es muy estricto cuando los corruptos andan por la acera de enfrente y mucho menos cuando son de la familia propia. La que sufre es su credibilidad. Como sufre al descubrirse que Bárcenas seguía cobrando del partido mientras éste se personaba como acusación en su contra o al confirmarse que Rajoy mantiene como ministra a Ana Mato, singular señora que no se enteraba de quién pagaba sus viajes o las fiestas de cumpleaños de sus hijos.

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