POCAS movilizaciones se han producido en España de la importancia de la huelga de Justicia. El asunto, tan sencillo en su enunciado, pone sobre el tapete una realidad espantosamente objetiva: hay españoles de primera y españoles de segunda. Que un docente catalán pueda enseñar en cualquier otro sitio de España pero que un docente de cualquier sitio de España no pueda enseñar en Cataluña, salvo que demuestre un dominio tasado del catalán, se entiende aunque repugne (la solución es un plus muto para poder enseñar porque el español, como lengua oficial del Estado, no es suficiente).

El hecho que ha lanzado a la huelga a los funcionarios de Justicia "no transferidos" consiste llanamente en el sueldo: hay funcionarios de Comunidades que ganan más que otros funcionarios de Comunidades. De Justicia, pero también de Educación, y de Sanidad… Se trata de que como cada Comunidad Autónoma es autónoma, como su nombre indica, pues dispone de su presupuesto como mejor le parece. Los funcionarios del Estado, ya transferidos, o los que han accedido a la condición en la Autonomía, pues dependen de donde nacieron, o del lugar en el que viven, no de la función que desempeñan a la hora de recibir las remuneraciones… ¡Viva España!

Si consiguen su objetivo -a igual trabajo, igual salario-, los funcionarios de Justicia pondrán auténticamente una pica en este Flandes de la diferencia y de la voluntad de ser diferentes en las remuneraciones, y en otras menudencias ostensibles. Por aquí va a llegar la presión a las costuras de nuestra convivencia democrática, las costuras de España. Porque puede que algún día la diferencia caiga de este lado y, en consecuencia, veamos qué pasa en el lado de allá, de las comunidades que más tienen, o más reciben, o más pueden. O del otro, en cosas tan esenciales como las pensiones, por ejemplo. Que es la soga en la casa del. Si estamos en la deconstrucción de España, más pronto que tarde le ha de llegar a las pensiones la voluntad de ser diferentes. ¿Una locura? Todo es una locura llegado el caso. Hay gobiernos que se asientan en el poder mostrando mayor magnanimidad que otros, de donde se infiere que Romero Robledo y demás caciques al uso siguen vivitos y coleando, y comprar votos se compran de muchas maneras, no sólo con una bolsa de monedas en la puerta de los colegios electorales.

La función pública fue un avance de la humanidad política, acabó con la España de la cesantía y el caciquismo. Esta fragmentación arbitraria, esta falta de homologación cuando la Justicia no se somete -porque ni puede ni debe- a un territorio autonómico, sino a toda España, es una estampa lacerante de lo que no se ha hecho bien. Y no se ha hecho bien, en absoluto. A las pruebas hay que remitirse.