EL candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha lanzado en Barcelona una iniciativa electoral que merece ser atendida y debatida. Rajoy anuncia, en resumidas cuentas, que si gana las elecciones del 9-M implantará un "contrato de integración" entre el Estado y cada inmigrante acogido en España para que éste se comprometa a cumplir las leyes, respetar las costumbres, aprender la lengua y pagar los impuestos. Lejos de cualquier atisbo de xenofobia, se trata de promover, como en otras naciones desarrolladas, que los inmigrantes correspondan al bloque de derechos que poseen por su estancia legal en nuestro país con un bloque paralelo de deberes que los sitúe en plano de igualdad con la población autóctona. Es decir, que sean ciudadanos plenos con voluntad de integración a todos los efectos. La iniciativa puede ser positiva, si bien en el capítulo de las obligaciones ha incluido conceptos que ya están regulados en la legislación española y, por tanto, son exigibles en el momento actual. Es el caso de las prácticas de ablación de clítoris, que son delitos penados en España, la fiscalidad o la igualdad jurídica de hombres y mujeres. Se puede decir que son requisitos redundantes en cuanto ya forman parte de nuestro entramado legal. Con respecto a las costumbres, habría que concretar más a qué se refiere en concreto el candidato del PP. No es lo mismo afrontar las manifestaciones religiosas o culturales de los inmigrantes, perfectamente asimilables, que ciertos hábitos que perjudican la convivencia social o cren un abismo de distanciamiento entre comunidades. La propuesta de Rajoy debe servir para abrir un debate y para que en la próxima legislatura la inmigración sea tratada como lo que de verdad es: una política de Estado que necesita de acuerdos amplios y duraderos. El fenómeno, tan necesario para nuestra economía como inevitable, genera de hecho conflictos y problemas ante los que no cabe cerrar los ojos, sino debatir y alcanzar un consenso beneficioso.