Somos una sociedad muy civilizada. Para preservar la intimidad de las dos niñas asesinadas por su padre en Castellón, en un primer momento no se facilitaron los nombres de las pequeñas de tres y seis años. Sólo M. y N. Podrían haberlas numerado: 26 y 27. Es el puesto que ocupan en la estadística desde 2013 de niños eliminados por sus padres, como venganza contra madres que querían separarse de sus maltratadores. Este anonimato era una delicadeza del sistema judicial. Y un sarcasmo: no se protegió su derecho a la integridad física, dejándolas a merced de su asesino. Se violó su derecho a la vida, pero se protegía su derecho a la intimidad.

Y así, con mucho pudor, ni siquiera se proporcionaron sus nombres y acabaron cosificadas como M. y N.; sólo unas siglas. Hasta en los documentales de naturaleza les ponen nombre a los animales protagonistas, para que el público empatice con ellos. Aquí, después de fallar el sistema en su conjunto, nos esmeramos en una última afrenta: quitarles su identidad. Debe ser el complejo de culpa. La Policía y la magistrada especialista desoyeron las denuncias de la madre y la petición del fiscal, ante las amenazas que había recibido Itziar Prats del asesino: "Ya te puedes ir despidiendo de las niñas, me voy a cargar a lo que más quieres". También puede ser por una aplicación pudorosa del artículo 18 de la Constitución, que garantiza el derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.

Derecho que también se aplica al homicida: no se han facilitado los apellidos de Ricardo C. G., que después de acabar con sus hijas a cuchilladas se suicidó tirándose por una ventana. Fue muy polémica la decisión de José Bono en 2002, cuando era presidente de Castilla-La Mancha, de publicar una lista de 18 condenados en sentencia firme en su región por violencia de género en el año anterior. En la actualidad hay asociaciones de juristas y feministas que defienden que se publiquen las sentencias, que en teoría sólo están a disposición de las partes. (El artículo 18, de nuevo). Tampoco conocemos, por cierto, la identidad del policía que informó de que no había riesgo suficiente para una orden de alejamiento, ni cómo se llama la titular del Juzgado de Violencia de Género número 1 de Castellón, que tomó la decisión equivocada sin un estudio psicológico ni un informe forense.

Al menos podemos componer un epitafio en honor de las niñas. Nerea C. Prats, de seis años y su hermana Martina, de tres, víctimas de la maldad en el grado más absoluto.