LA juez de instrucción número seis de Sevilla, Mercedes Alaya, ha solicitado una prórroga del plazo de que dispone para tomar posesión de su plaza en la Audiencia Provincial, a la que ha accedido para cubrir una de las cuatro vacantes existentes en este órgano de administración de justicia. La juez justifica su petición por la necesidad de concluir la instrucción de las seis macrocausas que investiga, entre ellas la de los ERE fraudulentos y los cursos de formación de la Junta de Andalucía, relacionadas con la corrupción política. La solicitud se ha dirigido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, cuya sala de gobierno la abordará en la reunión que tiene previsto celebrar el próximo martes, aunque este órgano sólo ha de emitir un informe al respecto, siendo el Consejo General del Poder Judicial el competente para conceder o no la prórroga pedida por la instructora. También habrá de fijar el Consejo el tiempo que, en su caso, se le otorgaría a Alaya, que suele ser de seis meses, así como si su plaza en la Audiencia es sacada a concurso para que la ocupe interinamente otro magistrado hasta la incorporación definitiva de la juez. Si la decisión es favorable, lo que cabe es exigir a la instructora la máxima diligencia en las investigaciones que viene realizando a fin de que el cierre de los sumarios correspondientes no sufra más demoras, que perjudican notablemente a los numerosos imputados en las mismas (231 sólo en el escándalo de los ERE) y, a la vez, pueden provocar la prescripción de algunos delitos, lo que daña a la Justicia misma y al interés general. Mercedes Alaya acaba de ampliar la imputación en el caso ERE al ex consejero de Empleo de la Junta de Andalucía Antonio Fernández al que acusa, basándose en un informe de la UCO de la Guardia Civil, de haber recibido más de seiscientos mil euros en concepto de presuntos sobornos durante el tiempo en que ejerció dicho cargo autonómico. Lo ha citado a declarar el próximo 3 de marzo, es decir, dos días antes del inicio de la campaña de las elecciones andaluzas anticipadas al 22-M. Es una historia repetida. Hace cuatro años, en vísperas de las anteriores elecciones municipales, Alaya citó, dos días antes de la jornada de reflexión, al que fuera primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla Antonio Rodrigo Torrijos (IU). En la campaña de las generales de finales de 2011, la instructora repitió con puntualidad: organizó dos días antes de la jornada de reflexión una vista para fijación de fianzas a los once primeros imputados por el cobro irregular de prejubilaciones en los ERE. Son prácticas que deberían terminar. Alimentan sospechas sobre la imparcialidad de la tenaz y trabajadora juez.