HABRÁ a quien no. A mí me asombró que el consejero de Interior y Justicia de la Junta criticara la falta de imparcialidad y de profesionalidad de la juez que está investigando los ERE, un caso de corrupción relacionado con la propia Junta que, a su vez, surrealistamente, está personada como acusación. Esto fue el pasado lunes. El martes, el vocal del Consejo General del Poder Judicial anunció una respuesta a lo que consideraba "ataques" a la labor de la juez. El miércoles, la Comisión Permanente del máximo órgano de gobierno de los jueces pidió al consejero de Justicia que "respete" las actuaciones de la juez, "reiterando, como ha hecho siempre, la exigencia de respeto a las actuaciones judiciales".

Pues ni por esas. El mismo miércoles 31, el vicesecretario general del PSOE-A, Mario Jiménez, defendió "la libertad de expresión" del consejero de Interior y Justicia de la Junta, afirmando que "nadie puede cuestionar" su valoración, porque "comprometería la libertad de expresión". ¿Ese "nadie" quien podría ser? Pues nada menos que el propio Consejo General del Poder Judicial porque, según el señor Jiménez, algunos de sus magistrados conservadores aprovechan su pertenencia al órgano de los jueces "para intentar lanzar un mensaje de trascendencia política". De seguir con este juego perverso habría que preguntarle al señor Jiménez a qué partido pertenecía el vicepresidente del Gobierno que presumió en público de acabar con la independencia del poder judicial con aquel ya histórico "Montesquieu ha muerto". Por lo que, si se dan indeseables utilizaciones políticas de la Justicia, ya sabe ante qué ventanilla protestar: la de su propio partido, el PSOE.

Pero mejor no seguirles el juego. Porque en la suicida estrategia de echarse porquería los unos a los otros que siguen nuestros dos partidos mayoritarios solo faltaría que nos sumáramos a quienes también echan porquería (magnificando, exagerando o manipulando) sobre las más altas instituciones del Estado, incluyendo la Casa Real y la judicatura.

Lo más sorprendente es que la propia Junta, a través del portavoz del Gobierno andaluz, defendiera la "libertad de expresión y pensamiento" del consejero de Justicia e Interior, refiriéndose a sus declaraciones sobre la juez Alaya. ¿Se imaginan que Gallardón y el Gobierno hubieran dicho lo mismo del juez Ruz?