LOS jaramagos que certifican el abandono de las obras del ferrocarril que tendrían que traer la Alta Velocidad hasta la provincia en 2012 han puesto en pie de guerra a empresarios y partidos de la oposición. Dicen sentirse engañados y, ya puestos, también podrían poner el grito en el cielo porque a este paso la nueva autovía hasta Sevilla no entrará en servicio hasta mitad de siglo, y el tranvía que se prometió para Jerez, en otra vida. Está muy bien, pero nadie olvide que antes que ellos, los primeros que podrían manifestar su decepción son los ciudadanos. Y en cambio, a estos, más conscientes de la realidad, ya no les preocupa tanto la mentira adornada de falsa promesa -en este país mentir sigue saliendo gratis- como llegar al fondo del asunto. Y se preguntan: ¿requiere urgentemente la provincia una doble vía para llegar hasta Sevilla por carretera cuando ya existe otra? Hay que pagar un peaje, de acuerdo, ¿y no se puede negociar con la concesionaria de la autopista un acuerdo satisfactorio para todos? Las interrogantes van más allá: ¿alguien en Jerez pidió un tranvía de 150 millones? La Alta Velocidad es un proyecto atractivo, sí, pero antes que un tren que te ahorre media hora hasta Madrid, muchos se conformarían con un autobús que no tarde dos horas en llevarte a casa. ¿Para qué queremos un apeadero en La Parra que cuesta 15 millones sin buenas conexiones con cercanías y regionales? El aeropuerto pierde pasajeros a velocidad de vértigo, ¿no habría que atajar antes este problema? El político tendría que renunciar a ampliar el aeropuerto hasta no vender el destino en el exterior. Debería admitir que el desdoble a Sevilla por carretera no será prioritario hasta no garantizar las pensiones, por decir algo. Es como pensar en una ciudad de la Justicia cuando no se paga el turno de oficio. ¿No es de locos? El Ayuntamiento no puede anunciar la cabalgata del siglo sin ofrecer antes servicios básicos de calidad. ¿Puede la Sanidad regalar gafas para todos si apenas logra llegar a fin de mes? Las infraestructuras a nadie amargan, claro que no, a no ser que las inversiones impliquen recortes en sanidad, justicia y educación. Está bien que los niños estudien con un ordenador gratuito. ¿Pero de qué sirve si tienen que comer en un pasillo y dar clases con un paraguas? Todo cambia a la velocidad de la luz y los gestores de lo público actúan como si nada pasara. Vale.