Cuentan que, tras destaparse el escándalo de las fiestas privadas en Downing Street en plena pandemia, más de cincuenta diputados tories se presentaron en el despacho del primer ministro para exigirle la dimisión, al tiempo que el Partido creaba una comisión especial y dos importantes ministros hacían pública su marcha del Gobierno. Pocos días después, Boris Jonhson, visiblemente contrariado, como un niño travieso al que le quitan su juguete preferido, comparecía ante la nación para anunciar su dimisión irrevocable.

Aquí, esta semana asistiremos a la más vergonzosa decisión del Congreso que se recuerda, que será ratificada por el Senado cuanto antes mejor. Nada menos que la reforma del Código Penal, metida por la trasera para evitar informes y opiniones que se prevén demoledores, pactada por el presidente del Gobierno a mayor gloria y provecho de sus socios independentistas de ERC, que elimina el delito de sedición y rebaja considerablemente las penas por malversación. El objetivo, que Junqueras pueda presentarse a las elecciones y que el resto de condenados del procés, incluido Puigdemont, puedan pasear por Las Ramblas con absoluta tranquilidad.

Por lo que uno lee y oye, hay en la calle una amplia mayoría que califica como un escándalo la decisión del Presidente, que será refrendada con toda seguridad por la Cámara. Nadie sensato, de cualquier ideología, puede comprender como los que han delinquido con el mayor desprecio a nuestra estabilidad constitucional, sean precisamente los que maniobren para modificar ad personam los delitos por los que fueron condenados. Pensábamos que, ingenuos de nosotros, la cuota de indignidad estaba suficientemente saciada con los indultos, pero no contábamos con que este Atila de la decencia que tenemos por presidente fuera tan lejos.

El Partido Socialista tiene, aparte el Presidente, ciento diecinueve diputados en el Congreso, de los cuales veinticinco han sido elegidos por electores andaluces. Llevan consigo, como todos, un mandato representativo, se supone que para representar fielmente la voluntad de los españoles. Ni uno solo (¡ni uno!) ha tenido la dignidad de manifestar en público su oposición al oprobio, ni por descontado dejar su escaño para no sentirse cómplice (porque lo son) del atropello. Pero lo peor es que el jueves, cuando el jefe les ordene darle al botoncito, lo obedecerán, quién lo duda, dando palmas con las orejas.