El escándalo de los asesores a sueldo en la Diputación provicial de Cádiz, la mitad de los cuales (como mínimo) no pisa las oficinas de esta institución (antes del teletrabajo) demuestra hasta qué punto se pueden comprar voluntades con dinero de todos los ciudadanos. Sí, cierto, no es algo nuevo. Lo que sorprende es que a pesar de la que ha caído y la que está cayendo, en plena crisis pandémica, no sólo no se han ruborizado quienes esto practican sino que hayan ido a más, como es el caso de la actual presidenta Irene García. Se ha perdido el pudor y la nómina crece de la misma forma que el desapego a la realidad. Existen ejemplos de los riesgos que se corren cuando un político considera que vive en la impunidad. Que se lo pregunten a Pedro Pacheco, ex alcalde de Jerez, que por "dos enchufes malversados" como él mismo comenta, se ha pasado en la cárcel un lustro, todavía sigue en libertad condicional y no se podrá presentar a cargo público a menos que se descubra el elixir de la eterna juventud. Pacheco colocó a muchas personas en el Ayuntamiento, él nunca lo negó a pesar de que cuando le vinieron mal dadas la mayoría de los beneficiados le dieron la espalda, y se equivocó al abusar de la fórmula de los asesores fantasma que en realidad trabajaban para el partido (o ni siquiera eso). Pero ha pagado un precio muy alto, tan alto que estuvo en prisión y su carrera política se fue al traste para siempre. Y quién sabe qué sería de él hoy, a pesar del desgaste, de haber podido seguir participando activamente en la política jerezana.

La cuestión es que en otros muchos casos se van de rositas quienes han sabido vestir mejor el muñeco, auténticos y auténticas artistas de las argucias legales para no caer en el mismo error. Pero, si bien han cuidado las formas, en el fondo es lo mismo: liberar a compañeros de partido a costa del erario público para que trabajen por el partido o, en algunos casos, disfruten de un relajado retiro en compensación por toda clase de trabajos inconfensables.

Es lo que está sucediendo en la Diputación hoy, sin consuelo porque también sucedió antes y sucede en otros ámbitos institucionales. Sin ir más lejos, el mayor problema que ha surgido en Jerez durante el actual mandato municipal viene precisamente por el asunto de los asesores de los grupos municipales, que va a llegar hasta el Tribunal Supremo. El reparto de liberados a cargo del Ayuntamiento enojó al PP porque no le dio su sitio frente a otros partidos minoritarios, que tienen asesores como si del equipo de Lord Mountbatten se tratase. Es una aberración social (y económica) que haya diputados o concejales que con su única representación dispongan de varios asesores. Curiosamente se trata de aquellos a los que se les pide de vez en cuando el apoyo para completar una mayoría. No impera, por tanto, el principio de proporcionalidad, como no lo ha hecho cuando algunos políticos sin red ni paraguas han pasado años por la cárcel y otros mejor pertrechados nos refriegan por la cara su ejército de asesores.