la tribuna

Concha Yoldi. José L. Rodríguez Candela

Una medida poco solidaria

Apartir del 1 de septiembre los inmigrantes sin permiso de residencia dejarán de tener tarjeta sanitaria. En los próximos dos años la medida puede afectar a unas 150.000 personas. Es lamentable. La forma coherente y sostenible de salir de la crisis no puede ser a base de recortar derechos sociales, y menos de los más débiles, incluidos los inmigrantes. Es cierto que el derecho a la salud no está configurado como un derecho fundamental, pero está íntimamente vinculado a otros como el derecho a la integridad y la prohibición de sufrir tratos inhumanos o degradantes. Y no es exagerado pensar que la aplicación literal de la nueva norma suponga un riesgo mortal para una persona con cáncer o necesitada de tratamiento posoperatorio. No se puede dejar la salud de trasplantados o infartados al simple voluntarismo de cada servicio sanitario; eso se acerca al trato inhumano o degradante. Desde esta base jurídica, la reforma legislativa provocará no pocas denuncias.

Sabemos que la dura situación económica que nos ha tocado vivir obliga a hacer ajustes en servicios públicos. Muchos tenemos casos en nuestro entorno de personas en paro. Hay que ayudarles a salir adelante; adoptar medidas para optimizar los fondos públicos y que se inviertan de forma eficiente. La época de las grandes plusvalías inmobiliarias se ha terminado. Y ahora hay que priorizar y suprimir cualquier tipo de despilfarro. Lo tenemos que hacer los particulares y también ayuntamientos, comunidades autónomas y Administración general del Estado. Y despilfarro es la duplicidad de administraciones, que medios de comunicación públicos sin fines sociales compitan con los privados, o tanto personal contratado para el asesoramiento de los dirigentes políticos.

Los políticos, todos, han explicado durante las campañas electorales que había que hacer reformas y ajustes presupuestarios. Sabíamos que iban a llegar. Se nos dijo que se respetarían sanidad, educación y pensiones. Nos pareció bien. Pero a la hora de concretar esas reformas, nos encontramos con que algunas son injustas y poco solidarias. La negación de atención sanitaria a inmigrantes sin documentación es cruel y falta de humanidad. No estamos hablando del llamado turismo sanitario; de jubilados procedentes de países más ricos, que vienen a España para que nuestro sistema sanitario les proporcione una atención que la sanidad de su país no cubre. Además, esos casos han sido hasta ahora de difícil cobro.

Hablamos de personas inmigrantes de países pobres, que han venido a nuestro país a trabajar, que han cotizado, que trajeron a sus familias, y se han quedado sin trabajo. Y ahora, al no encontrar un empleo nuevo, han perdido el permiso de trabajo y por tanto el de residencia. Se han quedado en una situación administrativa irregular, pero viven aquí. En otros casos la irregularidad administrativa les viene de un empresario defraudador que no les ha dado de alta en la Seguridad Social y no ha cotizado por ellos. Trabajan, consumen y pagan impuestos, al menos los indirectos, pero no tienen papeles por la falta de responsabilidad de otros.

Para encarar estos problemas, el Gobierno modifica la ley de extranjería de manera indirecta. Excluye a los extranjeros en situación irregular de la asistencia sanitaria no urgente, con una nueva normativa del Ministerio de Sanidad. Pero quedan muchas lagunas sin resolver en una medida que se antoja precipitada. Y que provoca muchos interrogantes. ¿Se está excluyendo a las mujeres extranjeras víctimas de la violencia de género, a las víctimas de trata de mujeres, a los discapacitados y a los ancianos? El Gobierno tiene que aclarar todos estos puntos para alejarse de cualquier sospecha de maltrato institucional.

Además de las consideraciones humanitarias, hay que añadir el ahorro presupuestario posible, sobre el que el Ministerio ha sido poco transparente. Puede estar alrededor de los 200 millones de euros, cifra mucho menor que el riesgo social que esta medida supone. Tanto los estudios académicos como los datos oficiales disponibles coinciden en que el gasto sanitario y farmacéutico de la población inmigrante está claramente por debajo de la media de la población autóctona.

Afortunadamente, las competencias en materia sanitaria, según el artículo 148.1.21 de la Constitución, pertenecen a las comunidades autónomas. La Junta de Andalucía debe mantener el derecho a la sanidad de los extranjeros, con independencia de su situación administrativa, como ha venido haciendo hasta ahora. Es un reto que tiene sobre la mesa el Gobierno andaluz que se formará esta semana. El nuevo Ejecutivo regional debe encontrar alternativas a una medida tan poco solidaria y falta de humanidad.

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