La lectura del excelente Informe de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en relación con el indulto de los golpistas catalanes me ha producido, simultáneamente, vergüenza y orgullo. Es previsible que la mayoría de los ciudadanos no lo lea y se forme opinión a través de terceros: leyendo la prensa, escuchando la radio, viendo la televisión o a través de las redes sociales. Por si a alguien le sirve mi opinión, yo lo he leído y estoy avergonzado y orgulloso al mismo tiempo.

Me ha producido vergüenza tener que recordar, mientras lo leía, todas las falsedades e intentos de subvertir el orden jurídico –y la propia realidad- en que llevan empeñados los golpistas, sus cómplices y cooperadores necesarios. Y más vergüenza aún, si cabe, me está produciendo confirmar que entre éstos últimos se encuentra el propio Gobierno de la nación, con su presidente al frente, en un intento de justificar el posible indulto a los condenados. Menos mal que los magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Suprema firmantes del obligado Informe –aunque no vinculante- lo han hecho con un rigor jurídico y una independencia de criterio admirable y digna de poder sentirnos orgullosos de ellos.

Las declaraciones de los golpistas y los argumentos utilizados por sus defensas han sido hábilmente preparados para buscar, por diferentes vías, el más mínimo resquicio por el que colar sus perversas pretensiones, pero el Supremo ha sabido dar cumplida respuesta, ajustada a Derecho, a todas y cada una de ellas. Gracias, señorías.

Somos muchos los que, preocupados y ocupados en nuestro quehacer diario, mantenemos a silencio sobre este tipo de situaciones y no hacemos público nuestro hartazgo ante los sistemáticos atropellos y sinrazones de este Gobierno. Ni la paranoia y alucinaciones de los golpistas condenados –que siguen afirmando que no han cometido delito alguno pese a haber sido condenados tras un proceso impecable en el Tribunal Supremo-, ni el intolerable sectarismo interesado del Gobierno en este asunto –movido, más que por intereses partidarios, por los personales derivados de la mezquina ambición de su presidente- pueden justificar un indulto. Y mucho menos una amnistía. Sería injusto e inaceptable que se aprobara. Su concesión podría ser entendida como una provocación y tener consecuencias imprevisibles.

El magnífico Informe de la Sala del Supremo pone –o debería poner- los pelos de punta a cualquiera que tenga la cabeza sobre los hombros, sepa mucho, poco o nada de Derecho. Afortunadamente la independencia judicial, el rigor jurídico y la honestidad de los magistrados firmantes ha brillado entre tanta miseria. Merecen, pues, ser felicitados los magistrados que han redactado y suscrito el Informe. Y, por eso, yo voy a brindar por ellos.

Muchas gracias, señorías.