NO hace ni un mes desde que El Mundo publicara que el ex tesorero del PP Luis Bárcenas pagaba sobresueldos en negro a la cúpula del PP y añadía que el tesorero amenazaba con sacar a la luz la contabilidad B si el partido no le ayudaba a librarse de la cárcel. No debió recibir esa ayuda, porque pocos días después publicaba El País esa supuesta contabilidad y desde entonces los acontecimientos se han precipitado.

Vamos a pasar revista a los hechos referidos en las informaciones. El primero es que Bárcenas tiene una cuenta en un banco suizo, que tuvo un saldo de 22 millones de euros. Este es un hecho reconocido por el interesado, porque se ha acogido a la amnistía fiscal. El segundo hecho es el origen de esos fondos. La explicación que da es que le ha ido bien en sus inversiones. La otra explicación es que se trata de parte de comisiones o mordidas. A diferencia del primer hecho, de este sólo existen suposiciones. El tercer hecho denunciado es que Bárcenas pagó sobresueldos, en negro, a la cúpula del PP, incluidos sus dos últimos presidentes. Como los aludidos lo han negado, como demostración, se publicó en El País la contabilidad que dice llevaba el citado Bárcenas, manuscrita en 14 hojas y que comprende 18 años. En ella aparecen las cantidades que se suponen recibidas por dirigentes identificados, casi siempre por sus iniciales, y cantidades recibidas de empresas y otros donantes. En la contabilidad publicada por El País, algunos que figuraban en ella han reconocido que ese dinero lo habían percibido, aunque aclarando que la percepción obedecía a una causa legítima, pero es el propio Bárcenas el que ha negado ser autor de los apuntes y los califica de burda manipulación.

Por fin se va a dilucidar la veracidad o falsedad de las informaciones periodísticas, en el lugar en que debe serlo: los tribunales de Justicia. Ya tiene el fiscal anticorrupción fotocopias de los papeles publicados por El País. Ante él declaró ayer Bárcenas y penden ante los tribunales querellas interpuestas por dirigentes del PP. En un estado democrático, el derecho a la libertad de información, como dice el Tribunal Supremo, es valor fundamental y requisito de funcionamiento de ese estado, pero la facultad de dictar sentencia y con ello establecer la verdad es a los tribunales a los que les corresponde. Habrá que esperar a que se dicten, aunque, me temo, que las consecuencias de lo que resuelvan, serán, en todo caso, perversas.