NO debería ser motivo de escándalo que miles de ciudadanos católicos -muchos- hayan secundado la llamada de sus obispos para defender a la familia cristiana en las calles. Están en su derecho. Doblemente: derecho a creer que su modelo de familia es el único moralmente aceptable y derecho a manifestarlo, festejarlo y reivindicarlo.

Los obispos que los convocaron, sin embargo, no tienen ningún derecho -pero absolutamente ninguno- a obligar al Estado democrático a asumir como propio ese modelo y a imponerlo a todos los españoles, que no son súbditos, sino ciudadanos. La autonomía del poder civil con respecto a las instancias religiosas es una conquista irrenunciable de nuestra cultura. A mí, por lo menos, no me gustaría vivir en un país como Irán.

La alianza del Altar y el Trono corresponde a un estado civilizatorio que ha caducado. La jerarquía de la Iglesia Católica puede, perfectamente, considerar el aborto un asesinato, creer que el divorcio rápido atenta contra la familia tradicional y abominar del matrimonio homosexual. Puede, y debe, excluir de su comunidad espiritual a aquellos católicos que se acogen a la vigente ley del aborto, se divorcian o se casan aun siendo del mismo sexo. En cambio, no puede exigir a las Cortes Generales que se vuelvan atrás y revoquen las leyes que han aprobado para hacer posibles el aborto en tres supuestos, el divorcio sin separación previa y el matrimonio entre homosexuales o lesbianas. Si me apuran, puede hasta pedir el voto para un partido que lleve en su programa estas y otras modificaciones de la legalidad vigente (si es que hay alguno). No puede, insisto, convertir sus convicciones respetables en normas universales, a cumplir por quienes tienen otras convicciones igualmente respetables o por quienes no tienen ninguna.

De modo que como reivindicación pública de su modo de concebir la familia, la convocatoria callejera de los obispos es inobjetable. Por el contrario, resulta infumable como expresión de un deseo y de un argumento. El deseo (que las leyes sobre moral y familia se adapten a lo que la Iglesia predica para sus fieles) nos llevaría al pasado; el argumento (el Gobierno actual persigue a la familia cristiana, arrincona a la Iglesia y pone en peligro la democracia) me permito tomarlo a broma. Las leyes no obligan a nadie a divorciarse ni a abortar, la democracia está sana y el Gobierno, este Gobierno, acaba de aumentar la asignación tributaria a la Iglesia Católica. ¡Extraño laicismo radical ése!

Familias las hay de muchos tipos, y todas valen si surgen del amor entre seres humanos adultos. Todas corren ciertos riesgos en el mundo actual, pero más bien por las razones que explicaba aquí el católico Carlos Colón, no por lo que dicen los obispos católicos.

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