EL día de Reyes, empleados de una concesionaria localizaron a la alcaldesa en un comercio y la insultaron un buen rato, a la par que le reclamaron el pago de sus salarios atrasados. La Policía acudió y pidió refuerzos para evitar problemas y María José García-Pelayo tranquilizó a su equipo por teléfono: "Siguen aquí, pero no pasa nada. Y si están aquí, no fastidian la coronación, empezad cuanto antes". La cosa no pasó a mayores, aunque estuvo a punto. Y a Pelayo le duele más que se impida el normal desarrollo de los acontecimientos por su sola presencia que los insultos, por eso lamentó este viernes "el acoso permanente" al que se ve sometida. Los más radicales lo saben y percuten una y otra vez, pero todo tiene un límite, y éste lo cruzó el grupo de afectados por el ERE municipal que la esperó el jueves pasado en el Ayuntamiento. Traspasaron todas las líneas rojas rayando en la violencia al dirigirse a la alcaldesa con insultos y amenazas tras golpear el coche oficial. Por muchas y poderosas razones que pudiesen exhibir contra el ERE que deja en la calle a 260 empleados, nadie se puede saltar las reglas del juego a su antojo, a no ser que haya perdido sus convicciones democráticas. Y ojo: bastantes problemas tienen ya estos empleados para encima responder ante el juez por un delito de agresión y amenazas. Las persecuciones, la intimidación y los golpes no conducen a nada bueno. Y Pelayo dejó claro, una vez más, que no dará marcha atrás. En Jerez hay decenas de EREs en marcha y si todos los afectados imitaran a los del Ayuntamiento con amenazas de muerte y pintadas callejeras, la ciudad se habría convertido en un polvorín hace meses. Algunos opinan que si Pelayo hubiese optado sólo por el criterio de la antigüedad para elaborar la lista del ERE, se habrían evitado los agravios comparativos. Cierto que esta fórmula habría incluido a más personal en el expediente y acarrearía injusticias también, pero parece la más objetiva, económica y transparente. ¿Habría evitado las protestas y las acusaciones de arbitrariedad? Claro que no. Verte en la calle no es agradable en ningún caso y menos ahora, pero ahorraría críticas. Choca y mucho, como para pensar en casualidades, que todos los exconcejales sean despedidos. Y tampoco es serio que se incluyera a tantas personas a punto de jubilarse. Como salía más caro despedirlas, al final se dejó la lista en 260 y no en los 300 previstos, menudo error de cálculos. Todo esto y más, como si quieren hablar abiertamente de chapuza cuando se ve que no hay informe que avale las evaluaciones y ni los ediles defienden una única versión en privado. Lo que no cabe es la violencia, ni que la oposición eche más leña al fuego dando lecciones cuando todos son responsables de una situación a la que nunca debió llegarse.