Los caminos del enfrentamiento contra la vieja España no son inescrutables: en la guerra abierta desde el propio corazón del Estado -o sea, la Generalitat, que es Estado, ¡y cómo!- esos caminos parecen ser todos. Por lo civil, vestidos de gent de pau y revolución sonriente, o por lo militar, con las tácticas de los comandos de defensa de la república (en CDR, la C es por "comités", pero "comandos" le va como aceite a la escalivada). O por lo parlamentario, dinamitando la ley y las instituciones. La unidad de destino en lo universal es lo que tiene: todo por mi patria; todas las manos, todas.

Hace unos días, la división económico-fiscal de la República Catalana en Construcción (o de la Deconstrucción de España) abrió un nuevo frente: el vicepresidente y viceconsejero de Hacienda del Govern, Pere Aragonès, anunció que en Cataluña se impondrá un salario mínimo o SMI un 37% más alto que el estatal (nada menos que 1.250 euros, frente a los 900 vigentes en todo el Estado). La clave de este nuevo arreón forma parte de otra blitzkrieg, al modo de la Wermacht alemana en la SGM: guerras relámpago rápidas, combinadas e inesperadas de los independentistas (que, no lo olvidemos, están en el poder). Encima, en frente, tuvieron a un Don Tancredo nato, Rajoy -de notorio éxito político, pero maestro del ponerse de perfil y hasta hacerse transparente-, que ha sido sucedido por el príncipe de los manuales de resistencia, la desideologización y los continuos virajes drásticos, el eterno presidente interino, Pedro Sánchez. Con esta tropa, las blitzkriegs a la catalana son un paso adelante asegurado. No paso de oca, sino pasitos de sardana, dos para adelante y uno para atrás. Pasos al cabo.

A pesar de lo cansinos que, por repetitivos, somos algunos con esto, ha tenido que venir un economista de renombre, el francés Piketty, para recordárnoslo: el nacionalismo catalán es un movimiento de ricos con una base económica histórica y hasta secular. Ahora tiende la mano a los menos privilegiados con otro "nada por aquí nada por allá, ¡alehop!". Esta nueva vuelta de tuerca ignora con cinismo -lo que haga falta, ya digo- que el SMI no es competencia autonómica. Bueno, Aragonès dice que si no es legal así, lo será asao: lo hará con los salarios de la Generalitat y los de la contratación pública. Con lo que haga falta. De paso, y ahí ve uno la clave sin dudar, lo que subyace es un "a ver si nos metemos a más inmigrantes y descendientes de charnegos en el bote". Con dinero. ¿Cómo lo pagará Cataluña? Eso es completamente secundario.