En tiempo récord hemos pasado del asalto a las instituciones, por parte de miembros cualificados del Gobierno, a un nuevo giro de tuerca, en el cual una vez colocados, y bien pertrechados, dentro de las propias instituciones, poderes, empresas vinculadas y un largo etcétera, resulta fácil perpetrar la deslegitimación del Estado, su vulneración y probablemente su conversión en otro modelo, muy alejado de los límites que exige el orden jurídico.

Para empezar porque el poder ejecutivo, que tiene en sus manos los destinos de España, no cree en ésta como nación, ni cree que sea necesario mantener la impronta característica del Estado de Derecho. De ahí que sea posible pedir al resto de los españoles una magnanimidad, que no han tenido con ellos, quienes fueron juzgados por actos tipificados en el Código Penal, y consiguientemente condenados. Esa actitud magnánima, que se exige a los ciudadanos respetuosos con la legalidad, representa también la excusa perfecta para quienes ejercen su responsabilidad en materia propia de Instituciones Penitenciarias, llevando a cabo el acercamiento de los presos etarras.

El Gobierno trata a unos y a otros -a los rebeldes y sediciosos y a los asesinos- como si se tratara de presos políticos, respecto de los cuales cualquiera de las medidas anunciadas -ya sea el indulto o el acercamiento- terminarán, tiempo al tiempo, en la salida de prisión de todos en conjunto, por la puerta falsa o por la puerta grande. Mucho me temo que en el caso de Junqueras sea por esta última, ya que se ha convertido en un intermediario absolutamente necesario para los fines del ejecutivo español. El Gobierno ha asumido sin mayor problema el discurso de Puigdemont, o el que tuvo ETA en su momento, considerando efectivamente que estamos ante presos políticos, y que España tiene que ser perdonada, legitimada, legalizada en suma, por aquellos que o bien proclamaron una República catalana inexistente o tuvieron en sus manos la suerte de los niños de una casa-cuartel de la Guardia Civil.

A estas alturas ni el Gobierno puede engañarse a sí mismo, creyendo en lo que dice, ni puede engañarnos más. El indulto y lo que viene detrás, y desde luego tal es la pretensión de los condenados, conlleva la desaparición de España como nación milenaria. Ese es el precio que hay que cobrarse para sostener al Gobierno y el medio, el instrumento preciso, no es la magnanimidad o el perdón, es la deriva del Estado constitucional y un corto camino hacia un final incierto