Ls esquina

José Aguilar

¿Quién quiere ser político?

LA respuesta a la pregunta del título va a terminar siendo: pocos, y no los mejores. Como continúe el desprestigio de la política y la carrera en pelo que se está desarrollando para prestigiarla -a veces en la dirección equivocada- serán pocos los españoles que hagan política activa, y no necesariamente los más capaces y preparados.

Digamos por adelantado que del deterioro de la imagen y consideración de la política los primeros responsables son esa minoría de políticos en activo que se corrompen y la práctica totalidad de los partidos que consienten o hacen la vista gorda con las prácticas corruptas de sus militantes y condenan sin paliativos las de los otros. Pero el caso es que acaban pagando justos por pecadores y el resultado final de esta confusión es el que refleja la última encuesta del CIS: la gente cree que la corrupción está más extendida entre los políticos que entre los empresarios, los empleados públicos, los jueces, los policías y los abogados. Una opinión equivocada.

Se intensifican el control de los políticos y las restricciones a sus actividades. A veces, justamente, como cuando se debate una reforma de la legislación electoral, las incompatibilidades de los cargos públicos o los frenos a la discrecionalidad de la Administración en materia de contratos y selección de personal. Otras veces, en cambio, se dispara indiscriminadamente, se parte de la sospecha de que en cada político anida sin remedio un aprovechado y un caradura y se proponen medidas arbitrarias e injustificadas.

Sólo en los últimos días hemos asistido aquí a las presiones insistentes para que los diputados hagan públicas sus declaraciones de la renta, se cuestionan las módicas cesantías ideadas para ayudar al parlamentario que deja de serlo -una especie de seguro de desempleo temporal-, se acuerda que los parlamentarios que son alcaldes no puedan percibir ni dietas por asistencia a las empresas municipales y que los representantes del pueblo no cobren ni los escasos ingresos que reciben hasta ahora cuando colaboran en un libro o pronuncian una conferencia. Un estado de excepción económica que parte de la premisa de que se están enriqueciendo con su trabajo en el hemiciclo y hay que ponerles coto.

¿Qué se va a producir si continúa la marea? Pues que en unos años ningún profesional cualificado de cierto nivel salarial aceptará lanzarse a la arena política. Los que lo hacen ahora ya saben que perderán dinero y lo dan bueno a cambio de satisfacer su ambición, vocación de servicio público o afán de protagonismo. Pero todo tiene un límite, y más si a la merma de estatus y economía se une el peligro de que, sólo por ser político, te corran a gorrazos por la calle. De modo que, al final, estará en política el inútil que no sirve para otra cosa. Supongo que no es eso lo que queremos.

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