La tribuna

manuel Chaves González

La reforma de la Constitución

CUANDO afrontamos el debate sobre la reforma de la Constitución Española (CE) de 1978, las cuestiones que se plantean son varias: ¿es necesaria la reforma?, ¿existe el consenso para llevarla a cabo?, ¿en qué momento?, ¿qué aspectos hay que reformar? Si bien el debate ha entrado de lleno en el ámbito cívico y académico, en el político se pueden resumir las siguientes posiciones:

-El Partido Popular (PP) se manifiesta en contra de la reforma constitucional porque alega que no es el momento ni existe el consenso necesario. Por supuesto, no aborda el contenido de la reforma.

-En el otro extremo del arco político, Podemos e Izquierda Unida (IU) defienden la apertura de un proceso constituyente para elaborar una nueva constitución que derogue a la de 1978.

-El Partido Socialista (PSOE), junto a otros partidos, plantea la necesidad de la reforma, considera que es el momento adecuado y trabaja para alcanzar el consenso necesario que haga posible un pacto constituyente.

En el debate, los defensores de un nuevo proceso constituyente parten de la tesis de que los males actuales de España -crisis económica, corrupción, deterioro de las instituciones democráticas, tensiones territoriales, desafección ciudadana y un largo etcétera- tienen su origen en la CE de 1978, fruto, según ellos, de una transición política vergonzante ante las fuerzas de la derecha. Una nueva Constitución -república, democracia directa, fin del bipartidismo, procesos revocatorios populares de los representantes, nacionalizaciones, impago de la deuda, etcétera- pondría punto final al Régimen de 1978. No son medidas novedosas -la "ruptura democrática" con efectos retardados-, pero los resultados de algunas de ellas ya los conocemos. En mi opinión la propuesta es puro aventurerismo político y los españoles, en un mundo interconectado y en el seno de la Unión Europea, no están para aventuras de esta naturaleza.

Es lógico que el hecho de haber vivido o vivir en una determinada etapa histórica condicione nuestras actitudes. También en estos momentos. Muchos españoles que no vivieron la Transición democrática ni pudieron votar la CE y que viven ahora una grave situación política y social no se sienten identificados con aquélla. Para las generaciones que vivimos la dictadura y la ausencia de libertades, la CE de 1978 representó y sigue representando la democracia, la convivencia en libertad, el ejercicio de una ciudadanía libre y la presencia en la Europa democrática.

La CE de 1978 fue considerada una Constitución avanzada y modelo por el consenso alcanzado y por su contenido. Pero también por sus resultados: representó para España el tránsito pacífico desde una dictadura de más de 40 años a la democracia que disfrutamos; el gran salto hacia adelante en su modernización como país y en la convivencia de los españoles. Quizás la mejor prueba la tenemos en su larga vida y en la vigencia actual de los derechos reconocidos y de las instituciones democráticas. Denunciar que en la CE y en la transición democrática está el origen de nuestros problemas no resiste el más mínimo análisis.

Después de 36 años de vigencia, los cambios sobrevenidos en España y en el mundo han puesto de manifiesto algunas carencias de la CE. España ha cambiado, en parte gracias a esta Constitución, y lo hace en un mundo cambiante: la integración en la UE, la sociedad del conocimiento, los cambios en los sistemas de producción, los movimientos migratorios, la escasez de recursos energéticos, la amenaza terrorista, etcétera. Pero internamente también nos enfrentamos a una crisis que afecta a las políticas públicas y recorta derechos ciudadanos fundamentales; a una corrupción que exige la respuesta del Estado y de los ciudadanos; a los problemas que han ido surgiendo en el desarrollo del Estado autonómico y a la aventura irresponsable del nacionalismo catalán que pretende romper el modelo de estado establecido en la CE.

Ante los cambios, no se trata de cuestionar la CE, sino de reformarla para que reafirme su validez y eficacia en la garantía de la igualdad de todos los ciudadanos y de sus derechos y libertades. Para asegurar la continuidad de un proyecto común en el que todos los españoles podamos vivir cómodamente.

El PP ha manifestado su posición contraria a la reforma constitucional. Sin el PP la reforma no es posible porque falta el consenso necesario para ello. No es de recibo la excusa del PP de la falta de propuestas concretas por parte del PSOE. Existen y están publicadas. Este no es el problema, es la falta de voluntad política de afrontar la necesidad de la reforma. Pero el inmovilismo podría hacer saltar las costuras de la CE y dar excusas a sus detractores. El PP no debería tener inconveniente para aceptar la iniciativa socialista de crear un grupo en el Congreso para abrir el debate, es decir, para iniciar el diálogo político, para conocer también la opinión de expertos de todos los sectores sociales sobre el alcance de la reforma. Si damos algún valor a las encuestas, la mayoría de los españoles apoyan una reforma de la CE. No es la panacea que vaya a solucionar nuestros grandes problemas, pero una Constitución actualizada, fortalecida y nuevamente asumida por la mayoría de los españoles, incluidos los que no la pudieron votar en 1978, puede ayudar a solucionarlos.

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