ENTRE quienes pretenden abiertamente desmontar el Estado de las Autonomías y recentralizar España y quienes defienden que continúe en vigor sin cambiar nada para superar sus deficiencias existe una vía intermedia: la reforma que lo actualice y vigorice sin alterar la configuración territorial del Estado que nace del pacto constitucional. Es la vía que parece haber asumido el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que en su intervención ante el Consejo de Estado, se pronunció a favor de repensar y evaluar la actual estructuración de los poderes e instituciones públicas. Según el presidente, hace falta debatir la delimitación de las competencias para ver "si lo podemos hacer mejor y lo podemos hacer más barato". En esencia se trataría de buscar la mayor eficacia de las instituciones, arbitrar fórmulas más eficientes de coordinación y reparto de funciones y eliminar, en su caso, duplicidades innecesarias y solapamientos indeseables, sin eludir la posibilidad de suprimir entidades y organismos que no resistan la prueba objetiva sobre su utilidad o cuyo coste resulte desproporcionado para los ciudadanos. Si una revisión de este tipo, que excluye de antemano la posibilidad de liquidar la propia figura institucional y política de la autonomía, es siempre conveniente e incluso necesaria, resulta imprescindible en la actual coyuntura de crisis que atraviesa el país, en la que la austeridad en el gasto de los entes públicos constituye una exigencia política y social. Lo ha formulado, además, Rajoy con una invitación expresa al primer partido de la oposición para negociar este proyecto reformador y alcanzar un consenso sobre los extremos en los que haya coincidencia, que pueden ser numerosos y relevantes. Por su parte, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, se ha mostrado dispuesto a participar en este empeño, recordando que ya lo propuso durante el debate de investidura del actual presidente del Gobierno. Mientras más pronto articulen las fórmulas de este debate, mejor para todos y mejor para España.

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