EL comité ejecutivo de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) aprobó ayer la reforma de sus estatutos, un código ético para su funcionamiento y una serie de directrices internas para la contratación. El presidente de la principal organización empresarial de Andalucía, el malagueño Javier González de Lara, anunció, durante la presentación, que en los próximos días se cerrará una operación hipotecaria sobre la sede central de la CEA, en la Isla de la Cartuja, en Sevilla, por importe de ocho millones, que permitirá aliviar considerablemente la deuda arrastrada por la patronal, que asciende a doce millones. Salvada, pues, la grave situación financiera por la que atravesaba la CEA, sus nuevos dirigentes han puesto en marcha un plan de acción que supone una nueva estrategia patronal que intenta superar algunas de las deficiencias más notables de la gestión anterior. Según González de Lara, los pilares de esta estrategia son la transparencia, la participación, la eficiencia en la gestión y la mejora de la reputación. El código ético constituye, a este respecto, la gran novedad que esgrime la nueva cúpula patronal, que se exigirá a sí misma y a las organizaciones que la integran la práctica de comportamientos legales y éticos, transparencia en las actuaciones e igualdad entre sus miembros, aunque a decir verdad el código aún no ha sido desarrollado en sus términos concretos, sino que se limita a enunciar principios genéricos y a encomendar a una Comisión de Buen Gobierno, aún no creada, la vigilancia sobre el cumplimiento de los mismos, el procedimiento y las sanciones que castigarían a los miembros que los vulneren. También es importante el acuerdo sobre un bloque de instrucciones encaminadas a implantar en el sector privado las normas de contratación que rigen en el público, como las relativas a la publicidad y la concurrencia en los concursos que convoque la CEA para adjudicar contratos (por ejemplo, para gestionar los cursos de formación). Hay motivos para pensar que los nuevos dirigentes de la patronal ambicionan una suerte de refundación de la misma, que aumente sus niveles de representatividad y eficacia y evite las irregularidades y fallos detectados en la gestión anterior que, a la postre, llevó a la CEA a una situación de deterioro financiero, institucional y social. Aún es pronto para constatar si los nuevos aires sugeridos en el empresariado andaluz se concretan en un funcionamiento más transparente y eficaz. Se puede afirmar, sin embargo, que dentro de la crisis de legitimidad que atraviesan los agentes sociales la CEA ha tomado la delantera a los dos grandes sindicatos en el camino hacia su modernización y puesta al día.