EL pacto de regeneración democrática ofrecido el domingo por el Gobierno de la nación a todos los grupos políticos con representación parlamentaria marcará, junto al conflicto de Cataluña, la agenda política de los próximos meses. Será beneficioso para el sistema democrático si se cumplen varias condiciones. La primera de todas, que sea abordado por los partidos con espíritu constructivo y talante negociador, así como con la convicción de que las medidas a pactar son imprescindibles para recuperar el prestigio de la política y cambiar la situación de descrédito de los políticos y deterioro de las instituciones que no ha dejado de agravarse en los últimos años como consecuencia de los reiterados casos de corrupción y la falta de respuesta contundente y uniforme a los mismos. En este sentido llama la atención que el Gobierno del PP pretenda fijar de antemano un plazo perentorio de dos meses para que las negociaciones lleguen a buen puerto. Se trata sobre todo de hacer las cosas bien y llegar a acuerdos consensuados y viables después de años de pasividad ante estos problemas, y no de imponer un calendario a las demás fuerzas políticas. Otro requisito ineludible sería que el plan de medidas regeneradoras no se presente como un bloque cerrado, sino que cada formación pueda defender sus propias iniciativas y abarcar todos los aspectos de una política común encaminada a combatir la corrupción. Algunas de las propuestas lanzadas por el Gobierno son fácilmente compartibles por todo el espectro político, como la reducción del número de cargos públicos aforados ante los tribunales, la limitación de los gastos en las campañas electorales y la delimitación de las responsabilidades políticas en relación con las instrucciones penales. Otras revelan un cambio positivo en la actitud del Partido Popular, como la regulación de los indultos o la iniciativa legislativa popular, que hasta ahora habían sido rechazadas por el partido en el poder. Por el contrario, la reforma del sistema vigente para la elección de alcaldes, primando a las mayorías relativas, constituye un auténtico obstáculo para alcanzar un acuerdo, ya que se trata de una iniciativa ventajista, motivada por los intereses electorales del propio PP, que ve peligrar sus actuales mayorías absolutas en numerosas ciudades, y que choca con el rechazo de casi toda la oposición, especialmente del PSOE. Por afectar a las reglas del juego democrático, y hacerlo a pocos meses de que dichas reglas sean aplicadas en los inminentes comicios locales, la designación de alcaldes pretendida por el PP debería retirarse. Por ser injusta y extemporánea y porque puede poner en peligro la consecución del pacto regenerador que el país necesita.