EL  próximo día 18 está prevista la proclamación por las Cortes de Felipe VI de Borbón como Rey de España. Será proclamado por los miembros del Congreso de los Diputados y el Senado en sesión conjunta y solemne, dando cumplimiento a la ley de sucesión que ayer remitió el Gobierno a la Cámara Baja y que deberá ser refrendada por los parlamentarios en los próximos días. Las posiciones adoptadas en los últimos días, a raíz de la abdicación del rey Juan Carlos, por los dirigentes de todos los partidos permiten asegurar que el actual Príncipe de Asturias será proclamado Rey por una muy amplia mayoría de los representantes del pueblo. Ello confiere al acto una plena legitimidad democrática y, al mismo tiempo, un carácter notorio de normalidad institucional. El primer Rey de la democracia española ha renunciado al trono tras 39 años de fructífero reinado y los diputados y senadores elegidos por los ciudadanos designarán a su sucesor. Don Felipe llegará a la jefatura del Estado en medio de una gran expectativa y una incontestable esperanza de que al frente del mismo lidere e impulse la renovación institucional y las reformas necesarias para afianzar el sistema democrático enfrentado a las turbulencias de una crisis económica que apenas ha empezado a declinar, un empobrecimiento de la sociedad y un desapego hacia la política por parte de los ciudadanos. La propia sucesión que el nuevo Rey protagoniza debe ser el símbolo y el ejemplo de la imprescindible renovación y relegitimación de la forma de Estado que los españoles aprobaron con la Constitución vigente. Desde la abdicación del Rey se han producido diversas manifestaciones de partidos políticos con y sin representación parlamentaria exigiendo que se convoque un referéndum sobre la monarquía y la república. No debe tenerse miedo a la reforma de la Constitución misma. Lo que sí debe estar claro es que el contenido de la pretendida reforma ha de establecerse a través de los mecanismos que el propio texto constitucional establece y que concede todo el protagonismo a los representantes electos del pueblo y, dependiendo de la profundidad de la reforma, al pueblo mismo en su conjunto, como sujeto de la soberanía nacional, que se expresaría precisamente en un referéndum legalmente convocado. Es decir, que no caben atajos ni presiones callejeras como sustitutivas de la voluntad popular manifestada en los términos que la legalidad exige. La democracia es el imperio de la ley. No hace falta decir cuánto se alejan de ella quienes desafían los preceptos constitucionales promoviendo cauces extralegales que pretenden pasar por exigencias históricas para alterar la normalidad institucional.