HA tenido que ser un banquero de éxito notorio, Emilio Botín, presidente del Banco Santander, quien ponga el dedo en la llaga de los males que aquejan al sector financiero y, con él, a la economía real de muchos países. Tras lanzar un mensaje de confianza sobre la situación de las entidades financieras españolas, Botín hizo público su diagnóstico sobre la crisis. Negó, frente al autocomplaciente discurso oficial, que el origen último de la crisis radique en un solo país (Estados Unidos) o en un negocio concreto (las hipotecas subprime), centrándolo más bien en los "excesos" de los propios banqueros y la pérdida de referentes en un entorno extraordinariamente eufórico.

En efecto, el primer banquero de España viene a coincidir, con el peso de su autoridad en el mundo financiero, con destacados analistas internacionales al subrayar que alguna banca, especialmente la de inversión, ha sido gestionada pésimamente en tiempos de bonanza, fomentando los productos basura e incentivando los movimientos más especulativos y carentes de solidez, que han terminado por venirse abajo con estrépito, arrastrando al propio sistema financiero en buena parte, y con las consecuencias nefastas en la economía productiva que estamos padeciendo a todos los niveles y en casi todos los indicadores. De aquellos polvos, estos lodos que, además de sus negativos efectos directos, siembran un clima de temor e incertidumbre que es el peor para afrontar la crisis actual.

Precisamente, una de las deducciones que extrae Emilio Botín de su análisis alienta la idea compartida por la gente corriente de que los malos gestores de las entidades que pasan graves apuros no deben ser recompensados ni beneficiarse de las ayudas que los países en crisis han decidido aportar en forma de avales, compra de activos e incluso participación en el accionariado. Todo esto se hace para sanear el sistema y ayudar a empresas y ciudadanos, no a los banqueros deficientes.

Es una idea, por cierto, que el Gobierno español debería asumir en la implementación de sus propias medidas anti-crisis. Los compromisos adoptados con respecto a la transparencia de las ayudas y su control por el Banco de España y las Cortes son de obligado cumplimiento si no queremos que los errores se repitan en el futuro. Sería nefasto.